Wert y PP negocian incluir Religión como asignatura de oferta obligada en Bachillerato

«El Ministerio estudia con el PP esta propuesta», reconocieron ayer a ABC fuentes de Educación, que deslizaron que la intención del ministro es «dejarla como está». El 31 de octubre se sabrá quién ha ganado este pulso. Ese día se vence el plazo para presentar las enmiendas en el Senado al actual texto normativo. «La enmienda está sobre la mesa, pero no se puede confirmar. Hay que esperar al día 31 de octubre para saber si va o no va», comentaron, por su parte, a ABC fuentes de la Cámara Alta, que explicaron que cuando «un partido de Gobierno presenta una enmienda es lógico que antes se acuerde con el Ministerio».

Centro de polémica

Hasta el momento, la Lomce prevé que tanto la asignatura de Religión como su alternativa sean evaluables y la nota cuente para la media del curso a todos los efectos, ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pru ebas externas de evaluación, como el resto de las asignaturas. Sin embargo, la nueva ley de educación no contempla que la clase de Religión sea de oferta obligada en Bachillerato.

«Si la ley no se mejora en este aspecto no cumple con los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español», advirtió el secretario general y portavoz de la ConferenciaEpiscopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, en la reunión de la Comisión Permanente de los obispos a inicios de este mes. «Tal como está redactada la ley puede haber centros que no ofrezcan la asignatura de Religión en Bachillerato, ya que aparece entre una lista de optativas y puede no ser elegida por el centro para ofertarla» , comentó entonces el portavoz.

Hoy la Lomce volverá al centro del debate.Por primera vez en esta legislatura, la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrará una sesión en el Senado para debatir y aprobar —en su caso— un informe sobre la incidencia autonómica de la Lomce, que según fuentes parlamentarias citadas por Efe, será favorable a esta reforma, y que sólo apoyará el PP.

A primera hora, la secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio, comparecerá en la comisión de Educación de la Cámara Alta para presentar la nueva ley de educación.

Un estatuto específico para el profesor

Otro de los aspecto que la Conferencia Episcopal pide que sea revisado es el estatuto del profesor de Religión. En el anteproyecto, «el estatuto permanece invariable, tal como estaba en la LOE», explicó Martínez Camino. La CEE considera que el Real Decreto de desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) por el que el Gobierno socialista reguló la situación laboral de los profesores de Religión interfiere «en el ejercicio de la ‘missio canónica’, competencia exclusiva del ordinario diocesano católico». Y es que, para ser profesor de Religión católica, además de poseer la Declaración Eclesiástica de Idoneidad —que certifica la competencia y capacitación académica y profesional del profesor— el obispo de la diócesis debe discernir si este profesor es creyente católico y puede entregarle la ‘missio canónica’, esto es, el mandato de enseñar en su nombre.

Asimismo, según establecen los Acuerdos Iglesia-Estado, la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar , sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza.

El Real Decreto de la LOE establece, sin embargo, que una vez determinada la idoneidad del profesor por parte de la confesión religiosa correspondiente para impartir la clase de Religión en las escuelas públicas, tendrán un contrato de trabajo «indefinido y estable», en lugar de «para cada curso escolar», como se hacía hasta entonces. Además, en caso de que el profesor dejara de cumplir los requisitos necesarios para impartir la asignatura de Religión, la confesión religiosa tendrá que hacer una propuesta de revocación de la acreditación o la retirada de la idoneidad «ajustada a derecho». Martínez Camino recordó que los profesores de Religión «deben tener un estatuto específico, porque tienen una cualificación específica que ha reconocido el propio Tribunal Constitucional».