Las primeras alertas por alta sismicidad en la costa saltaron el 10 de septiembre

Por el momento, han establecido una relación causa-efecto entre las inyecciones de gas de la plataforma Castor y los seísmos, pero únicamente basándose en la coincidencia de unas y otros en el espacio y en el tiempo.

Junto con esto, la única certeza que tienen es que se trata de seísmos netamente debidos a la presión del gas inyectado sobre fallas «normales o directas, muy comunes en la litosfera» , que «son pequeñas o se han movido muy poco», explicaron ayer fuentes del Ministerio de Industria. Con la localización exacta del epicentro, los técnicos esperan conocer exactamente el foco y las causas de estos procesos sísmicos y que se puedan tomar así decisiones.

El terreno se «acomoda»

En las últimas 24 horas se han registrado 45 seísmos en la costa de Castellón, de los que tres han superado los tres grados de la escala Richter y solo uno ha sido percibido.Durante la jornada de ayer, siguió temblando la tierra en la zona costera de Castellón, donde se dejaron sentir movimientos de hasta 3,7 grados. Una vez paralizadas las inyecciones de gas por el Ministerio, los técnicos prevén que la actividad sísmica vaya decayendo, si bien en casos como éste el terreno tarda unas semanas en «acomodarse», señalaron fuentes de Industria. El titular de este departamento, José Manuel Soria, había asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, de acuerdo con los técnicos, el riesgo de «movimientos sísmicos relevantes» en la zona próxima a la instalación de almacenamiento de gas del proyecto Castor es «limitado».

Lo que no recomiendan los expertos que asesoran al Gobierno es evacuar el gas que ya se había almacenado en el antiguo yacimiento petrolífero que se estaba llenando.

La empresa Escal UGS, concesionaria de la plataforma, había empezado el pasado mes de junio a inyectar el llamado gas colchón, utilizado como base previa a la explotación comercial del yacimiento. Los sismógrafos venían registrando microseísmos que no se consideraron relevantes, puesto que no llegaban al 1,5 grados, pero el pasado 10 de septiembre el Observatorio del Ebro alertó por primera vez a la compañía de que aumentaba la magnitud y el ritmo de los seísmos.

El 16 de septiembre, cuando había inyectado el 70% del gas , interrumpió esta operación, de acuerdo con su programación de los trabajos, teniendo previsto reanudarla en octubre. Pero el 24 de septiembre sacudió el subsuelo un terremoto de 3,6 grados y el día 26 el Ministerio suspendió todas las actividades de inyección o extracción de gas en la plataforma. Con los análisis de los expertos, se deberá tomar la decisión de si se otorga la autorización definitiva -la que tiene ahora y que se ha suspendido sólo es provisional- o finalmente el proyecto Castor se va al traste. En ese caso, no está claro a qué retribución tendrá derecho la empresa.

El Gobierno encargó precisamente el pasado mes de junio una auditoría externa para comprobar si los costes de inversión en el proyecto son correctos y de sus conclusiones dependerá la retribución que reciba la empresa en caso de que consiga la autorización administrativa.

Según José Manuel Soria, esta instalación tenía un presupuesto inicial de unos 700 millones de euros y «al final parece ser que va a estar por encima de esa cuantía», señaló. Con la auditoría confía en saber «cuál es el importe exacto del proyecto», si bien no aclaró si el Estado tendría que compensar a Escal UGS por la rescisión de la concesión.

Soria: «Era excesivo»

Soria apuntó, además, que la única actuación del Gobierno respecto al proyecto esta legislatura «ha sido disminuir el nivel de retribución que se había fijado», al considerar «que era excesivo». El Gobierno espera tener el resultado de la auditoría este mismo mes. El ministro aseguró, por otra parte, que en la autorización provisional se ha seguido el «procedimiento reglado» en «todos sus pasos» y se ha otorgado «correctamente».

Entre tanto, llegaban las lluvias de críticas desde Cataluña. El consejero de Interior, Ramon Espalader, calificó de «escandalosa» la falta de información «de calidad» y el de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, pedirá a la Fiscalía de Medio Ambiente de Cataluña que emprenda acciones legales.