En libertad con cargos los activistas de Greenpeace que subieron al tejado del Congreso
La Policía ha desalojado rápidamente a los activistas, que desplegaron una pancarta que rezaba: «El PP vende nuestras costas»
agencias
El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dejado en libertad a los ocho activistas de Greenpeace detenidos este jueves tras llevar a cabo una protesta en el Congreso de los Diputados en la que llegaron incluso a encaramarse en el tejado ... del edificio para manifestar su rechazo contra la nueva Ley de Costas. El magistrado ha impuesto a los arrestados, a los que se atribuía la comisión de un delito contra altos organismos de la nación, comparecencias mensuales en la sede judicial más cercana a sus domicilios. Remitirá además, un oficio al presidente del Congreso, Jesús Posada, para que le informe si se ha alterado el normal funcionamiento de la cámara alta.
En el momento de la protesta, los diputados se encontraban en el interior del hemiciclo debatiendo sobre la Ley de Costas. Al menos tres activistas de Greenpeace consiguieron sortear la acción de la Policía y saltaron una valla que actualmente rodea el perímetro del edificio por obras. Posteriormente aprovecharon el andamiaje de estas obras para llegar hasta el tejado donde han mostrado una pancarta en la que se podía leer: 'El PP vende nuestras costas'. Uno de ellos ha llegado a descolgarse con una cuerda por la fachada de la entrada principal, habitualmente cerrada.
Uno de los activistas detenidos, Juande Fernández, ha indicado en declaraciones a los medios tras ser puesto en libertad que su prioridad durante la acción ha sido la de evitar riesgos innecesarios y ha agregado que decidieron parar y entregarse al detectar que los policía s que pretendían arrestarles no contaban con material de seguridad en escalada. Además, ha precisado que todos los miembros de Greenpeace que subieron al tejado del Congreso portaban material profesional, incluidos arneses y cuerdas.
"Sólo queríamos poner de manifiesto que esta Ley de Costas supone una destrucción del medio ambiente. Somos un grupo de personas que hemos puesto la cara a lo que piensa una mayoría de personas de la población que dicen que las costas deben de ser de todos, que debe de conservarse el dominio público y es algo que no se hace con la modificación de esta norma", ha indicado. Fernández ha agregado que su traslado a la Audiencia Nacional ha sido "una sorpresa" ya que se han limitado a ejercer su "derecho de manifestación". "Esperemos que todo acabe bien", ha agregado Los ocho detenidos fueron trasladados a la Audiencia Nacional poco antes de las siete y media de la tarde y han estado declarando poco más de una hora, asistidos por el abogado José Manuel Marraco.
El letrado ha asegurado a su salida de las dependencias judiciales que durante el interrogatorio ha quedado claro que lo que se ha hecho por parte de los manifestantes "ha sido ejercer su derecho a la libertad de expresión y defender el derecho al medio ambiente". "No ha habido ninguna perturbación del orden en las Cortes, y por eso han quedado en libertad", ha añadido.
Contra la ley de costas
La directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, ha explicado que la acción quería servir de protesta por la aprobación de la reforma de la Ley de Costas.
«Terminan 25 años de protección para el litoral con esta reforma promovida por el PP, que lo que hace es desproteger la costa, desvalorizarla, porque en lugar de un sitio a proteger entiende que es un sitio a ocupar», ha explicado.
Greenpeace ha denunciado «la falta de rigor» de esta reforma legislativa y ha recordado que una docena de núcleos costeros quedarán exentos de cumplir la ley, mientras que se reducirá la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos y se dejarán sin protección a algunos de los más importantes humedales costeros y dunas.
La organización ecologista presentará una queja ante la Comisión Europea para que estudie si se han vulnerado varias directivas comunitarias, entre ellas la relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la de conservación de aves silvestres y la de conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha considerado tras conocer los hechos que las leyes se deben en el Parlamento y tras considerar «ilegal» la maniobra de los activistas de Greenpeace ha sostenido que quien diga que las costas españolas «se van a privatizar» con la aprobación de la nueva ley que hoy aprobará el Congreso, «miente».
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