La sanidad andaluza, en la UCI

Una gestión en la picota por las acusaciones de politización del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con más de 2.200 cargos de libre designación, que no resiste el examen de las cifras: una reducción presupuestaria para el presente ejercicio de 945 millones, a los que hay que sumar los 2.100 presupuestados que se dejaron de invertir en los últimos cinco años y un gasto sanitario por habitantes de 999 euros, inferior a los 1.191 de la media nacional. Datos ante los que la única respuesta del Gobierno autonómico es acusar al Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero que son el reflejo de una sibilina política de recortes que se viene practicando desde hace tiempo.

«Es injusto para los pacientes, para mí y mis compañeros que nos estén sometiendo a un límite ya insufrible. Por favor, no más voces calladas. Ya está bien. Enfermería dice que no puede más. Y esto sólo es el principio». Esta era la angustiosa despedida de una carta que una enfermera del hospitalVirgen Macarena de Sevilla hizo llegar a ABC y en la que relataba una caótica noche de trabajo en la que por culpa de la reducción de personal llegó a atender en solitario a 29 pacientes de la unidad de Otorrinolaringología y Maxilofacial.

La plasmación por escrito de una realidad que se reproduce en los centros de referencia de la mayoría de las provincias y sobre la que alertan los colectivos de profesionales. El Sindicato de Enfermería (Satse) critica que «el SAS presenta una ratio de 1,2 enfermeras por cada médico, lejos de los estándares recomendados por los organismos internacionales, que estiman que la proporción debería ser de tres enfermeras por cada facultativo». Andalucía necesitaría en torno a 5.000 profesionales de Enfermería más para alcanzar los niveles exigidos, asegura esta organización, que contrapone este dato con un incremento de desempleo del 156 por ciento en este ámbito de la atención sanitaria.

Junto a esta reducción palpable de la plantilla, que «desequilibra los recursos para atender las necesidades de los ciudadanos», se suma una precarización de las condiciones que tiene su máxima expresión en «contratos basuras» que se renuevan mensualmente con un salario un 25 por ciento inferior a lo habitual.

Esta situación, según la parlamentaria del PP-A Esperanza Oña, no es más que la consecuencia de una reducción presupuestaria en un servicio fundamental. «El PSOE se postula como defensor del bienestar social y este año ha recortado en 945 millones el presupuesto sanitario», explica. La dirigente popular critica el doble discurso que los socialistas mantienen en esta materia al atacar medidas adoptadas en otras comunidades que se están aplicando desde hace tiempo en Andalucía. «Han metido la tijera sin compasión», sostiene, para señalar que «los datos son irrefutables: dos de cada tres centros hospitalarios son privados; muchos servicios están concertados; el 20 por ciento de los andaluces tienen un seguro privado y, únicamente en la provincia de Málaga, se van a suspender este año 1.728 intervenciones quirúrgicas».

Una retahíla de cifras que parece interminable y que saca los colores de la consejera de Salud: María Jesús Montero: la comunidad andaluza es la penúltima de España en gasto sanitario por habitante, de 999 euros, por debajo de la media española de 1.191 euros; tiene la ratio más baja de médicos, con 395,7 por cada 100.000 habitantes, 88 por debajo de la media; y es la segunda región con peores datos en número de profesionales de enfermería, con 438,55 por cada 100.000 habitantes, 142,3 por debajo de la media. Además, registra una tasa de hospitales públicos por cada 100.000 habitantes de 0,56, la tercera por la cola respecto al resto de comunidades y por debajo de la media nacional, y la tasa de camas en hospitales públicos más baja de España.

El vocal de hospitales del Sindicato de Médicos de Andalucía, Rafael Carrasco, advierte de que la Administración autonómica «está desmantelando sigilosamente el servicio público de salud».

«Asistimos a una política de eufemismos: no se privatiza, se externaliza; no se despide, es que no se renuevan contratos; no se cancelan servicios, se reestructuran», asegura el representante de los médicos, que explica que «ese manejo del lenguaje hace que la población esté al margen de lo que está ocurriendo».

Oña defiende que la persistente excusa de la Junta de Andalucía de que si se han producido recortes es por culpa del Gobierno de Mariano Rajoy tiene «un recorrido muy corto». «Todas estas cifras negativas se registran desde hace años. Esta comunidad siempre ha sido la última en ratios sanitarios», añade.

El secretario autonómico de Satse, Francisco Muñoz, considera el discurso unidireccional de la Junta un error, ya que entiende que «no hay un culpable único». «Se ha producido un problema de infrafinanciación desde que se produjo las transferencias sanitarias». «La Administración regional se ha desenvuelto en un contexto deficitario no asumido por los presupuestos», aclara, para ejemplificar este hecho con «el caso de los eventuales». Oña incide en la mala gestión apuntando los más de 1.200 millones de deuda del Servicio Andaluz de Salud, «que eran 4.000 antes del comienzo de la legislatura de Mariano Rajoy, ya que se abonaron 2.774 dentro del Plan de Pagos a Proveedores».

Carrasco agrega que «sería un error caer en su jerga, y no me corresponde a mí decidir quién tiene la culpa de esta situación, pero no es cierto que todos los recortes provengan de Madrid». «Se ha producido una imposición del límite de déficit general y es la Junta la que debe decidir la forma de distribuir las partidas».

La parlamentaria del PP-A secunda esta argumentación y recomienda al Ejecutivo de José Antonio Griñán que no recorte casi mil millones en sanidad «cuando puede hacerlo del presupuesto de Canal Sur, la administración paralela o las embajadas que la Junta de Andalucía tiene en el mundo».

La sanidad andaluza se encuentra en la actualidad inmersa en un proceso de reforma que Muñoz entiende que debe ser afrontado en un momento «más boyante». Dentro de esta reestructuración nos encontramos con la fusión de gerencias en la que se enmarcan decisiones tan surrealistas como que las agencias sanitarias del Alto Guadalquivir, en Jaén, y de la Costa del Sol, en Marbella, se fusionen y sean responsabilidad de un mismo directivo que está a caballo entre ambas provincias.

En el «nuevo» SAS derivado de una reducción de los fondos se reduce la contratación y el mantenimiento de servicios, ya que se cierran plantas, consultas y centros de salud en virtud de lo se considera un ejercicio de optimización. En el distrito sanitario de Málaga, por ejemplo, se han cerrado ambulatorios los fines de semana y las infraestructuras sanitarias prometidas y no iniciadas se guardan en el cajón hasta mejor fecha. Algunas de ellas se anunciaron a bombo y platillo hace más de diez años; otras, ya terminadas, esperan una dotación de fondos para poder abrir, pues carecen de medios materiales y humanos, como el hospital del Guadalhorce.

El secretario autonómico de Satse, Rafael Carrasco, alerta de una precarización de las condiciones de trabajo que se reflejan en contrataciones a la baja con reducciones de sueldo de un 25 por ciento e incremento de la jornada laboral. «Los salarios de los profesionales de Enfermería han sufrido entre 2009 y 2012 recortes en sus nóminas que oscilan entre 4.500 y 8.000 euros al año», precisa.

El representante del Sindicato de Médicos incluye en sus quejas la falta de transparencia del Gobierno autonómico y señala la dificultad que tienen para que se les faciliten cifras de personal o número de camas. «Sabemos que se están dejando de cubrir servicios por las denuncias de los compañeros», añade Francisco Muñoz, que ironiza con que «prácticamente hay una protesta a diario».

Y es que la comunidad ha vivido su particular «marea blanca». Una cadena de protestas contra los recortes con manifestaciones a las puertas de los hospitales, con una marcha de los MIR de todas las provincias hasta la sede de la Junta en Sevilla y encierros que, lamentan, «no han tenido la misma repercusión que las llevadas a cabo en Madrid cuando aquí se está privatizando veladamente la atención», apunta un facultativo, que recuerda como se derivan pacientes a clínicas privadas concertadas. «Parece que Andalucía está al margen del resto de España», asegura con resignación.

La Consejería de Salud autorizaba el jueves la desinfectación de parte de la UCI del hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla tras la aparición de larvas, un hecho que ha obligado a reprogramar intervenciones quirúrgicas. Familiares de los pacientes advirtieron a comienzos de este mismo mes de la presencia de gusanos por los techos, paredes y suelos , así como de la presencia de un rata muerta en el doble techo de una de la dependencia.

El colapso de las Urgencias del hospital Clínico Universitario de Málaga, con imágenes de pacientes pasando hasta 48 horas en un sillón por falta de camas o tumbados en camillas repartidas por pasillos y salas de reunión, se ha trasladado dos veces a la Fiscalía, que ha acabado archivando sendas denuncias. La Administración regional se ha defendido asegurando que eran problemas coyunturales, pero los sindicatos han achacado esta situación a una falta de camas por el cierre de plantas.

El incremento del tiempo asistencial genera más situaciones de tensión, según explican los profesionales, que lamentan que la Administración regional se oculte tras los médicos y enfermeras. Esta delegación de funciones alcanza mayor intensidad con la reestructuración puesta en marcha y que «traslada la responsabilidad a los profesionales», se queja el secretario autonómico de Satse. Francisco Muñoz insiste en que la Junta de Andalucía «no ha priorizado la asistencia sanitaria, más bien todo lo contrario».

El vocal de hospitales del Sindicato Médico, Rafael Carrasco, admite que «la situación no es buena, diría que es la peor de los últimos años». «Se están produciendo demoras poco aceptables y las listas de espera se disparan», agrega, para advertir de cómo «una parte de la función social de este sistema sanitario pasará a compartirse con otras entidades».