«Es raro encontrar al hijo del electricista en una Universidad pública chilena»

La Unesco también ha hecho esos cálculos y estima que un estudiante chileno abona los costes de ese crédito durante los diez años siguientes a licenciarse, lo que no obsta para que en este país «todo aquel que tiene un mínimo de recursos quiere que sus hijos vayan a la Universidad, porque si no no tiene muchas opciones de tener un sueldo medianamente razonable», expresa el profesor de la Universidad Francisco Marroquín de Guadalajara , Rogelio Núñez, antes docente en la Universidad de los Andes de Santiago de Chile. «Te dan unos plazos para pagar después de egresar (el término empleado cuando el alumno ha aprobado las asignaturas, pero no obtiene el título todavía, sino que pasa al llamado periodo de gracia que dura otro año y medio y en el que tiene que superar una tesis y un examen oral ante tribunal); buscas trabajo para abonar esos intereses exacerbados y terminas pagando incluso seis veces el valor del crédito que pediste», cuenta Charme. Si acabas por no poder pagarlos, «no te llevan preso, pero ingresas en el sistema Dicom, que es como una lista negra de morosos, por lo que jamás volverás a poder pedir una hipoteca, otro crédito, etcétera». Como un apestado, en sentido comercial. «Faltan muchos técnicos, y hay sobreabundancia de profesionales -añade Charme, periodista de Reuters en la capital chilena-, pero debido a la baja calidad de la Educación un médico puede salir de la Facultad sin saber practicar una cirugía». Y agrega este joven: «Por no hablar de las instalaciones descuidadas de algunas facultades, que parecen propias de casas rurales, carecen de medios, recursos, vocación docente...». En suma, el devenir de uno de los sistemas educativos menos exitosos de América Latina, pese a que es una de las llamadas economías «modelo» emergentes, que aplica los principios neoliberales del libre mercado.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 2010 realizada por el Instituto de Juventud chileno, alrededor de seis de cada diez estudiantes no pueden trabajar en aquello que han estudiado. La OCDE sitúa a Chile en el puesto 33 de 40 países en su ránking de sistemas educativos. El mismo organismo añade que esos aranceles universitarios que paga el alumno en Chile suponen más del doble que en Estados Unidos; la Educación chilena es alrededor de cinco veces más costosa que en España y 20 veces más cara que en Dinamarca, sin contar los países donde estudiar un nivel superior es gratis.

Y no solo se paga a partir de los 18 años. Solo desde 2003 el Gobierno de Ricardo Lagos extendió a esta edad la Educación obligatoria, que desde la transición de la dictadura de Augusto Pinochet al advenimiento de la democracia en 1990 se situaba en los 8 años. En las etapas Primaria y Secundaria, los familiares pagan una cuota de unos 10 euros al mes por estudiante (en la equivalencia del peso chileno): la titularidad de los colegios, salvo los privados, es municipal, si bien los ayuntamientos no suelen repercutir el dinero recaudado en mejores aulas o más docentes. Depende también del número de habitantes de cada municipio, explican las fuentes consultadas. La gran conquista, inicial, comenta el profesor Núñez, fue generalizar el acceso a la Educación, de modo que alcanza ya el 99,7% de los niños de entre 6 y 14 años y a más del 87% hasta los 18. El desafío real, tras ese logro, es el de erradicar la desigualdad en las aulas. Chile está catalogado por los organismos oficiales como uno de los que mayor segregación social presentan en su sistema educativo: si el niño nace pobre, su Educación será pública, y muy mala. Está abocado a salir mal preparado, en una palabra.

En términos publicados en un artículo por Roberto Pizarro, economista de la Universidad de Chile, la Educación en su nación es, simple y llanamente, «mala y clasista, lejos de ser un instrumento de promoción social, lo es de exclusión y de ampliación de las desigualdades». «En una Universidad pública chilena es difícil sentarte junto al hijo del electricista», colige Tamara Martínez, chilena de 24 años y muy satisfecha por haber cursado su carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y no en su país de origen. El 60% de las Universidades son privadas, aunque «la pública resulte tan cara casi como la concertada o privada». «Todo el mundo quiere que al menos alguno de sus hijos tenga una buena educación y se endeudan para lograrlo», reafirma Tamara. Otro dato muy gráfico: en los 70 había un par de universidades privadas y veinte privadas; en la actualidad hay cerca de 35 privadas y 26 públicas. Dinero a espuertas para los propietarios. Quien tiene una carrera en este país tiene un tesoro... invertido en cada hora que le ha echado en el pupitre.

En 2006 se produjo la «revolución de los pingüinos» (mentada así por el color del uniforme que llevaban los estudiantes en protesta); y en 2011, el «invierno chileno», donde emergió aquella líder del movimiento estudiantil , Camila Vallejo, de bellos ojos verdes y a la que se dio en llamar la Che Guevara chilena.

Vallejo se presenta ahora por el Partido Comunista para ser diputada en el Parlamento Nacional en unas elecciones que tendrán lugar a fin de año y para las que ya ha anunciado candidatura la expresidenta Michelle Bachelet, recién aterrizada de su cargo en la ONU. Bachelet, a quien le explotaron los «pingüinos» frente a la Casa de La Moneda que ocupaba, no está dispuesta a revivir las protestas y ha convertido ya las palabras «fin de lucro» en el eslogan de moda de su candidatura.

Tal y como relata Rodrigo Charme en conversación desde Santiago de Chile con ABC.es, «tener un colegio en este país o una Universidad es un supernegocio. Genera muchos beneficios y Bachelet promete por primera vez instaurar un sistema de fiscalización muy fuerte». Al contrario, parafraseando al escritor Mario Vargas Llosa, el también subdirector de la web Infolatam.com Rogelio Núñez avala que ha sido curiosamente un conservador, Sebastián Piñera, quien ha intervenido de modo más directo al espolear un sistema de becas y subsidios más importante, al tiempo que ha rebajado los tipos de interés de los créditos con que las familias de los estudiantes lastran su economía.