El Gobierno anula la asignación de nueve canales de TDT

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Ejecutivo, declaró en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros que «se trata de dar cumplimiento estricto a una sentencia que declaró la nulidad de dicho acuerdo». La vicepresidenta explicó que la medida se encuadra dentro de «un proceso abierto en España» y conocido como «dividendo digital», que se tendrá que completar «en los próximos meses».

Uteca, por su parte, manifestó «unánimemente su honda preocupación por las indeseables consecuencias de esta decisión promovida por el Ministerio de Industria, y también su firme rechazo y malestar por la forma en que ha sido ejecutada y comunicada». Según esta asociación, desde que se produjo la sentencia del Tribunal Supremo, los organismos competentes del Ministerio de Industria habían venido comunicando a Uteca «la confianza de que se iba a subsanar el problema suscitado por los errores y carencias del funcionamiento de la propia Administración». «No se puede por todo ello entender», añaden «que habiendo transcurrido tres meses desde el conocimiento de la sentencia, se haya acordado su ejecución de forma sorpresiva y contradictoria a los mensajes previamente transmitidos».

El conflicto, en efecto, tiene su origen en un error técnico del Gobierno de Zapatero, que no desarrolló a tiempo el real decreto por el que concedía las nuevas licencias, por lo que estas incurrieron en contradicción con la Ley General Audiovisual, que al final aprobó un mes y medio antes y que exigía que las nuevas licencias fueran adjudicadas mediante concurso. Las empresas concesionarias, por su parte, siempre cumplieron los acuerdos y las condiciones que les impuso el Gobierno.

Por otro lado, la «mudanza» de canales a la que ahora obligará el dividendo digital, afectará a las cadenas de todos los operadores privados y supondrá que más de un millón de edificios en toda España tendrá que volver a resintonizar sus antenas, con un coste al que deberán hacer frente los usuarios.