El parlamento británico culpa del fraude alimentario a «criminales» dentro de la industria

«La escala de la contaminación que ha emergido en la cadena de distribución de la carne es asombrosa», ha declarado Anne McIntosh, presidenta de la influyente comisión parlamentaria. «Habrá seguro más revelaciones que saldrán a la luz en el Reino Unido y en el resto de la UE», ha dicho. Más allá del goteo de retirada de productos de las últimas semanas, los diputados lanzan graves acusaciones que apuntan a niveles de fraude profundos en la producción de comida barata en Europa.

«Hay indicaciones sólidas de que se ha sustituido de forma intencionada carne de vaca por carne de caballo, lo que nos lleva a concluir que los consumidores británicos han sido engañados cínicamente y sistemáticamente por elementos dentro de la industria alimentaria en busca de mayores márgenes de beneficio», asegura el informe en sus conclusiones [puedes leerlo aquí en inglés]. McIntosh se ha referido, por su parte, «a criminales con acceso a la industria alimentaria».

El informe, realizado después de las comparecencia de decenas de representantes de las distintas etapas de la cadena productiva -granjeros, mataderos, procesadores y cadenas de distribución- exige al gobierno que refuerce los poderes de la Agencia de Seguridad Alimentaria (FSA en inglés) británica para controlar la producción alimentaria. Denuncian que una reforma administrativa llevada a cabo por el actual Ejecutivo en 2010 arrancó competencias clave de este organismo, como la de poder ordenar la realización de test obligatorios a los productores, que ahora son solo voluntarios.

Según el informe, la FSA «perdió entonces recursos y personal», y sus competencias anteriores quedaron dispersas entre el ministerio de Sanidad y el de Agricultura y Medio Ambiente. Citan la comparencia de un representante de Which?, la principal organización de defensa de los consumidores británica, que denuncian que la actual división de responsabilidades es «confusa» y ha reducido el foco en los consumidores de la actividad de la FSA.

Aunque los parlamentarios reconocen que, por ahora, hablamos de un problema de «etiquetado de alimentos», expresan su preocupación ante las deficiencias en los mecanismos que garantizan la seguridad alimentaria y los «indicios de fraude a escala masiva». «Este escándalo despierta cuestiones regulatorias más amplias sobre la producción de comida barata, la transparencia, la confianza de los consumidores y presiones dentro de la cadena de producción». Un sonde realizado para la cadena Sky News indica que el 20% de los consumidores británicos ha decidido modificar sus hábitos alimentarios por el escándalo en curso.

En concreto, el parlamento solicita al gobierno que incremente el número de tests genéticos realizados -este mismo miércoles la UE ordenó la realización de miles de análisis de ADN en busca de rastro de caballo en productos alimentarios-, y pide que se estudie la imposición de requisitos adicionales en el etiquetado y trazabilidad (información sobre el origen y la cadena de producción) de la comida importada de países de la UE. Como recuerdan, la entrada en el Mercado Común a principios de los 90 eliminó la realización de controles a las importaciones provenientes del territorio comunitario.

El informe del parlamento coincidía con el anuncio de que las autoridades británicas han encontrado trazas de un analgésico veterinario en ocho muestras de carne de caballo analizadas. Seis de ellas habrían sido exportadas al mercado francés, donde las autoridades trabajan contra el reloj para localizar las partidas.