Alrededor de 30.000 muertos figuraban como beneficiarios de Dependencia

En concreto, el número de personas que, habiendo fallecido, se encontraban «indebidamente» en la aplicación informática de la dependencia (Sisaad) «ascendió, al menos, a un total de 29.169», según el documento del órgano fiscalizador referido al periodo 2007-2011, todavía en fase de alegaciones.

Entre las causas de este desfase, el Tribunal de Cuentas apunta «la falta de comunicación de estos decesos» por parte de las comunidades autónomas a la aplicación informática, «con independencia de que en sus aplicaciones informáticas internas se haya producido esta baja y, en consecuencia, se haya dejado de abnar la prestación económica o el servicio prestado, provocando, por tanto, la obtención de una financiación indebida» de estas comunidades.

Asimismo, señala la ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización».

Las revelaciones del Tribunal marcó ayer el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que reunió a representantes del Gobierno y las comunidades y que acordó precisamente darse un plazo de seis meses para dotar al sistema de datos más homogéneos y fiables mediante la actualización de la base de datos. La ministra Ana Mato señaló que el informe pone de manifiesto la necesidad de «mayor transparencia» y que en ese sentido van las medidas acordadas.

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, calificó el informe de «demoledor» para el PSOE, ya que pone en evidencia «la mala gestión» del Gobierno socialista y la «descoordinación» en las prestaciones. La comunidad con mayor número de fallecidos que aparecían como beneficiarios de prestaciones es Andalucía, con 4.194, seguida de cerca por Castilla y León, con 4.105.

El director del Imserso y exconsejero de Servicios Sociales en esta última comunidad, César Antón, aseguró ayer que el Tribunal ha tenido mayor capacidad de acceder a la información que el propio órgano que ahora dirige.

Las dos únicas comunidades gobernadas por el PSOE, Andalucía y Asturias, no se movieron de los argumentos que expresaron antes de empezar la reunión del Consejo. La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, señaló que el «nivel acordado» de financiación está suponiendo un «quebranto» para las comunidades, que, segün dijo, deben aportar cinco veces más que el Estado. En la misma línea, la asturiana criticó el recorte en dependencia y advirtió de una «una clara orientación hacia la privatización de servicios», al tiempo que se favorece el «cheque-servicio», aseguró.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad aseguró que el PSOE trata de «confundir» con sus acusaciones de privatización y aseguró que las comunidades que más se quejan de falta de financiación son «las que no están priorizando los servicios sociales».