Más de 100 mujeres inuit demandan a Dinamarca por esterilizarlas sin su permiso en su infancia

Los DIU utilizados eran más grandes que los modernos y no estaban destinados a mujeres que aún no habían dado a luz a un niño. «Sentía como si tuviera cuchillos dentro de mí cada vez que tenía la regla, tenía mucho dolor», describió, y relató que no fue hasta después de casarse cuando supo lo que había ocurrido. Al testimonio de Naja respondieron decenas de mujeres inuit, que llamaron a la emisora de radio contando que habían sufrido la misma experiencia. 143 de ellas acaban de presentar una demanda contra el Estado danés.

Debido a que estaba aumentando la población en la colonia de Groenlandia, lo que a su vez ocasionaba grandes gastos presupuestarios en plazas de colegios y guarderías, la metrópoli danesa decidió llevar a cabo varias campañas de anticoncepción.

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Sólo entre 1966 y 1970, a unas 4.500 niñas y mujeres groenlandesas se les implantó el DIU, lo que en ese momento correspondía a la mitad de las mujeres fértiles. La tasa de natalidad se redujo a la mitad en sólo siete años. En algunas zonas de la isla, no nació un sólo niño durante una década. En el parlamento danés, el ministro de Groenlandia, Arnold Norman, elogió el éxito de la campaña y defendió un paso más. En 1970, el parlamento legalizó en Copenhague lo que se venía practicando al margen de la ley: las niñas menores de edad podían ser objeto de medidas anticonceptivas sin el consentimiento de ellas ni de sus tutores legales. El programa no fue cuestionado hasta 1974, cuando recibió las primeras críticas en una conferencia de la ONU en Bucarest.

La planificación familiar forzada en las colonias fue condenada como una violación de los derechos humanos. En las décadas de los años 80 y 90, los ginecólogos groenlandeses comenzaron a encontrar de forma masiva dispositivos DIU en mujeres que no eran conscientes de tenerlos implantados. A partir de ese momento, Dinamarca puso fin oficialmente al programa de anticoncepción, pero de hecho se siguieron manteniendo estas prácticas en varias áreas de Groenlandia.

Ahora, cada una de las 143 mujeres que se han sumado a la demanda exige una indemnización equivalente a 40.000 euros, lo que supone unos 2,7 millones de euros en total. El monto de la demanda ha sido calculado en base a la práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde finalmente podría terminar la demanda. Se trata de una compensación simbólica por los daños físicos causados y por los niños que las afectadas nunca han podido tener. La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, todavía no ha hecho comentarios al respecto y, a pesar de que los testimonios de estas mujeres se han ido multiplicando en los medios de comunicación daneses en los últimos meses, no hay indicios de que quiera pedir perdón en nombre del Estado danés.

Solamente la ministra de Sanidad, Sophie Løhde, ha lamentado la historia «profundamente desafortunada» y ha creado una comisión de investigación, nombrada conjuntamente por los gobiernos de Groenlandia y Dinamarca pero que no tiene previsto presentar su informe antes de mayo de 2025. «No podemos esperar a eso», ha justificado Lyberth la presentación de la demanda, después de que 67 mujeres presentasen una petición de compensaciones al gobierno el pasado mes de octubre y no hayan recibido ninguna respuesta hasta el momento. Algunas de las mujeres ya se acercan a la edad de 80 años y temen no llegar con vida hasta la compensación. El abogado Mads Pramming, que las representa, está actualmente en negociaciones con el Fiscal General danés y asume que el Estado solo responderá a la reclamación de indemnización después de la conclusión de la investigación oficial en curso.

Lyberth espera que el gobierno danés reconozca que las medidas anticonceptivas violaron los derechos humanos de las afectadas y constituyeron un ataque racista contra la etnia inuit. «Se trata de un delito estatal contra un pueblo entero, no sólo contra nosotras las mujeres, y y una sentencia servirá para que programas de este tipo no se lleven a cabo en otros lugares del mundo donde las autoridades contemplan este tipo de medidas, o al menos que la comunidad internacional conozca esta realidad tal y como es», dice.

Marya Akthar, jefa del departamento jurídico del Instituto de Derechos Humanos de Copenhague, habla de una violación de derechos humanos de «proporciones históricas», tanto en términos del número de víctimas potenciales como de la naturaleza sistemática de las presuntas violaciones y la edad de las víctimas, algunas de las cuales aún eran niñas hasta de 12 años