El crimen de Los Galindos: una investigación imperfecta

Gonzalo Fernández de Córdova y Topete y María de las Mercedes Delgado y Durán, marqueses de Grañina, eran los propietarios del cortijo Los Galindos en el municipio sevillano de Paradas. Una propiedad que pertenecía a los padres de la marquesa pero que administraba su marido.

El 22 de julio de 1975, al filo del mediodía, varios braceros que estaban «haciendo cuchillos» en los troncos de los olivos, vieron una columna densa de humo que escapaba del cobertizo. Ellos son los primeros en llegar y se centran en apagar las llamas, pero después ven sangre en el patio del cortijo. Alarmados, avisan a la Guardia Civil y sólo el cabo sigue el rastro de sangre y encuentran el cuerpo de Juana Martín, de 53 años, la esposa de Manuel Zapata, el capataz del cortijo. Juana había sido brutalmente golpeada en la cabeza con una pieza de la empacadora.

Horas después llegan hasta el lugar de los hechos el forense Alejandro Arcenegui y su hijo Ildefonso, que en aquel entonces era un joven estudiante de medicina. Precisamente fue él quien descubrió los cuerpos del tractorista José González y su esposa Asunción Peralta, de 27 y 34 años respectivamente, calcinados entre las llamas del cobertizo. Los dos habían sido asesinados a golpes y posteriormente lanzados al fuego. Ese mismo día apareció también en una cuneta, otro tractorista, Ramón Parrilla, de 40 años, muerto con los brazos destrozados en su intento inútil de protección contra los disparos de escopeta.

En aquel momento en la escena del crimen se encontraba la prensa, la televisión y vecinos del municipio, que manipularon a su antojo el escenario del crimen. Razón que dificultó aún más las investigación.

No sería hasta tres días después, el 25 de julio de 1975, cuando se encontró a Manuel Zapata , de 59 años, capataz del cortijo, y a quien señalaban como asesino. Su cuerpo se encontró en avanzado estado de descomposición, cubierto de paja, junto al lugar en el que había orinado un agente en los primeros días de los crímenes. Posteriormente se barajó la posibilidad de que alguien hubiera movido el cuerpo. Desde ese momento, la autoría de los crímenes cayó sobre José González, de quien se dijo que habría matado a Manuel, Juana y Ramón antes de volver a Paradas por su mujer y, sin razón alguna, matarla y tirarla al fuego donde también se habría arrojado él mismo.

Siete años tuvieron que pasar de luto, miedo y vergüenza para las familias implicadas y un pueblo dividido que pudo encontrar un poco de paz cuando el juez Heriberto Asensio pide exhumar los cadáveres y realizar unas segundas autopsias al catedrático de Medicina Legal Luis Frontela. Fue entonces cuando se supo que José González fue también asesinado: le propinaron un golpe en la cara que le rompió el hueso maxilar y luego le descerrajaron un tiro.

Con esas nuevas confirmaciones y sin culpables ni sospechosos, las teorías fueron cogiendo fuerza y protagonismo entre los vecinos del pueblo:

Hipótesis económica: La hipótesis más fuerte decía que una parte de la producción de cereal de la finca que no se hacía llegar como debía al Servicio Nacional de Producción Agraria (Senpa) y se desviaba al mercado negro para obtener mayor rentabilidad. La razón más plausible es que el capataz descubriese estos tejemanejes y amagase con denunciarlos, o que el marqués decidiera despedirlo, ya fuese por esto o por falta de confianza. Encarga la tarea al administrador, que se planta allí un martes –día en el que nunca iba a la hacienda– y que podría haber aparecido acompañado de una o dos personas por si las cosas se ponían desagradables. Esta hipótesis encaja con la recogida en el libro publicado en 2019 por el hijo del marqués, en la que señalaba a su padre, el administrador Antonio Gutiérrez y un sicario de Utrera llamado Curro como las personas que estarían detrás de los crímenes, toda vez que habían conocido que Zapata iba a contarle al suegro del marqués, verdadero dueño de todas las propiedades, una presunta estafa o contabilidad paralela del marqués en la finca.

En 1986 la mujer del capataz de una finca cercana contó a la Guardia Civil lo que le dijo su marido en el lecho de muerte: que el día de los asesinatos estaba en un cercano campo de girasoles para evitar la presencia de furtivos cuando vio a una persona del pueblo –a la que identificó por su mote– pasar con la ropa ensangrentada y con un fajo de billetes.

Hipótesis militar: Otra de las teorías que se extendieron fue la de que un grupo de Legionarios guardaban drogas en el cortijo y que en aquellos días estuvieron haciendo maniobras por la zona.

A pesar de todas ellas, el quíntuple crimen quedó sin respuesta y sin culpables, archivándose en el año 1988 y prescribiendo en 1995, veinte años después de que se cometiera.

Por último, en el año 2014, el sumario 20/1975 del crimen de Los Galindos, con más de 1.300 folios por ambas caras y que se encontraba en el juzgado de Marchena, se extravió en un traslado de documentación a los juzgados de la capital, llevándose por delante los últimos datos del caso.