¿Quién tiene el millón de euros que pagamos por legalizar nuestra urbanización?

La realidad ha dado la espalda a los más optimistas, que pensaron que con la llegada del siglo XXI y la redacción de nuevas normativas el problema se podría solventar, porque pasan los años y muchos de estos vecinos siguen en una situación verdaderamente complicada, viviendo en enclaves donde apenas disfrutan de los servicios más básicos, a pesar de estar pagando IBI y una cuota mensual para arreglar su situación.

De las diferentes urbanizaciones irregulares que están repartidas por el término municipal de Utrera , la que tenía un mayor número de papeletas para arreglar su situación es la urbanización Casacerros , compuesta por las comunidades de vecinos de San Cristóbal y El Toranzo.

En el PGOU de 2002 el lugar en el que se ubica esta urbanización aparecía como suelo urbano consolidado, un paso fundamental para el inicio de su regularización, pero lo cierto es que han pasado casi 15 años y el proceso no ha avanzado ni mucho menos al ritmo que los vecinos de la zona quisieran. En un principio fueron los propios vecinos los que iniciaron este proceso, del que posteriormente se hizo cargo el Ayuntamiento de Utrera.

El dato es verdaderamente escalofriante, desde el año 2011 entre los 176 vecinos que componen las dos comunidades han abonado al Ayuntamiento de Utrera más de un millón de euros para llevar a cabo los trámites necesarios que terminen alcanzando la regularización de la urbanización. Esto quiere decir que cada uno de los vecinos ha pagado en estos años una media de 6.000 euros , sin ver realmente ningún resultado real.

«El proyecto de urbanización no está todavía terminado, en abril tuvimos una reunión con el alcalde, José María Villalobos , donde nos dijo que en 45 días estaría terminado, pero pasa el tiempo y no hemos vuelto a saber nada, porque el alcalde no ha vuelto a recibirnos, lo único que queremos saber es donde está nuestro dinero», explica Pepe Zamarreño , presidente de la comunidad de vecinos de El Toranzo.

«Los vecinos no aguantan más . Lo único que le pedimos al Ayuntamiento es que respete el convenio que firmamos en su día y nos presente una auditoria para que sepamos exactamente como se ha utilizado todo este dinero», explican Pepe Zamarreño y Manuel Casado, los presidentes de las dos comunidades de vecinos que se encuentran afectadas por este problema.

Lo que más pesa en el ánimo de todos los vecinos , es que desde que el Ayuntamiento se hiciera cargo del proceso de regularización de la urbanización que en un principio habían iniciado ellos mismos, todo han sido problemas, retrasos y aumentos en el coste, ya que están convencidos de que « si lo hubiéramos hecho nosotros por nuestra cuenta, nos hubiera costado la mitad y ya estaría medio urbanizado el proyecto» .