La Policía imputa a la trama criminal de la Sierra Sur una veintena de delitos

En el último informe elaborado por esta unidad policial, al que ha tenido acceso este periódico, los agentes enumeran los delitos imputables a Mañas y los suyos, entre ellos, el jefe de la planta de reciclaje , Manuel Ibáñez. Ambos eran los socios de la empresa Magno Ambiental del Levante , la gran beneficiada de las maniobras de estos dos para apropiarse de fondos de las arcas públicas. No en vano, el juez instructor ya eleva el posible desfalco a 3,4 millones de euros.

En dicho atestado, la Policía concluye que la documentación analizada, junto a las pruebas practicadas anteriormente, es suficiente para arrojar luz sobre los delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales imputados al grupo criminal liderado por Mañas, en el que también se encuentran alcaldes socialistas como Basilio Carrión, primer edil de Casariche , y Juan Manuel Heredia Bautista, exalcalde de Los Corrales , expresidente de la Mancomunidad y actualmente diputado provincial.

Mañas e Ibáñez usaron Magno para defraudar los fondos públicos de distintos organismos públicos como el Consorcio, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur o el Ayuntamiento de Los Corrales. Eran los administradores de hecho de la sociedad mercantil desde su fundación en 2014 y no sólo desde 2019 cuando son nombrados administradores únicos.

Así, la Policía apunta hasta once actuaciones a esta trama que podrían constituir un delito contra la administración pública . Para el primero hay que remontarse al 2011, cuando se contrató, hasta hoy, de forma «irregular» al abogado Jesús M.F. como asesor jurídico del Consorcio, la Mancomunidad y del Ayuntamiento de Los Corrales , gobernado entonces por el socialista Heredia Bautista, cuyo papel es crucial para los agentes en los hechos investigados.

Los tres siguientes hechos delictivos apuntados por la investigación son los principales sobre los que gira esta trama, la subcontratación por parte del Consorcio a Magno de trabajos de reparación de contenedores, servicios de portes y arrendamiento de camiones, entre los años 2014 y 2020, lo que supuso un sobrecoste total al organismo público de casi 500.000 euros. Un dato recogido en este mismo atestado policial corrobora lo anterior: Magno pagó por los portes 341.524 euros y le cobró a los ayuntamientos del Consorcio un total de 753.480 euros, más del doble del coste real del servicio.

En 2017, el Ayuntamiento de Los Corrales hizo pagos por valor de 14.520 euros a Magno por informes «inexistentes» . Ese mismo año, la empresa manejada por Mañas e Ibáñez vendió a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur un número importante de contenedores por valor de 8.076 euros. Los contenedores vendidos fueron adquiridos con fondos del Consorcio. A la postre, Mañas era el secretario-interventor del citado organismo.

El recorrido delictivo hecho por la UDEF se sitúa en 2018. Aquel año se modifica, de forma discrecional, el presupuesto del Ayuntamiento de Los Corrales para crear una plaza «ad hoc» a Mañas ; y el Consorcio le paga 32.000 a Magno en concepto de señal por la compra de dos camiones adquiridos por la mercantil.

Un año después, el Consorcio vende a Magno dos camiones a un precio irreal de 181 euros cada uno y vuelve a firmar otro contrato de arrendamiento de camiones por 14.520 euros al mes. En 2020, cuando concluye el atestado, los agentes de la UDEF identifican negociaciones prohibidas para funcionarios en las que participan en el ejercicio de sus cargos y en interés del grupo criminal Mañas y el asesor jurídico del Consorcio y la Mancomunidad.

En el periodo investigado, los agentes también apuntan hasta cinco actuaciones que califican como blanqueo de capitales. Así, sitúa entre 2016 y 2016 la compra de la finca ‘La Alegría’, en el término municipal de Osuna , por parte de Mañas e Ibáñez por importe declarado de 200.000 euros y pagos no declarados de 330.000 euros, aflorados mediante la venta posterior del inmueble por 835.000 euros.

Precisamente, en 2016, Magno realizó pago de facturas de 34.313 euros y 93.293 euros por la compra de fertilizantes a una empresa especializada del anterior dueño de la finca ‘La Alegría’. De hecho, la Policía considera estas cantidades parte de los pagos no declarados en la compra de dichos terrenos en Osuna.

Mañas e Ibáñez, la pareja que dirigía a ojos de los investigadores toda la trama, fraccionario más de 205.000 euros mediante múltiples ingresos en efectivo en una cuenta titularidad de los dos para amortizar un préstamo hipotecario usado para la compra de fincas rústicas. En 2018, el jefe de la planta de reciclaje del Consorcio compró un piso en el municipio costasoleño de Torremolinos con pagos no declarados de 56.000,

Por último, en una caja de seguridad de Manuel Ibáñez custodiada en una oficina de la Caja Rural del Sur. La Policía incautó casi 150.000 en billetes de 200, 100 y 50 euros .

Éstas son todas las actuaciones delictivas detectadas hasta el momento por el Grupo de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Nacional en el conocido como fraude del reciclaje de Estepa después de las diligencias practicadas hasta la fecha. Estos presuntos delitos, a juicio de la UDEF, tienen un hilo conductor que es José Antonio Mañas, al ser el secretario-interventor de los organismos públicos perjudicados y líder del grupo criminal.