Sánchez Gordillo despide a una empleada por coger vacaciones: «Nos dijo que eso es cosa de burgueses»

«A mí me han despedido por cogerme vacaciones y por afiliarme al sindicato CGT. Me han castigado, me han cortado la cabeza para que el resto de mis compañeras y la gente del pueblo sepa que no puedes hacer lo que quieras, que eso es lo que hay», se lamenta la empleada destituida. Concepción Gómez Rodríguez, como se llama esta auxiliar de asistencia a domicilio , ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Social de Sevilla contra el Consistorio para que declare nulo su despido, que considera una represalia.

La reivindicación de vacaciones viene de mucho tiempo atrás. Hace once años, la plantilla se reunió con el alcalde para intentar llegar a un acuerdo que les permitiera disfrutar de 30 días de descanso, como cualquier trabajador. Pero Sánchez Gordillo se puso hecho una furia en aquel tenso encuentro. « Nos dijo que en nuestro pueblo no hay cultura de vacaciones. Eso es cosa de burgueses . Que bajo ningún concepto él iba a pagarle a nadie un sueldo sin trabajar», relata a ABC la afectada.

En los más de veinte años que llevan dedicadas al cuidado de ancianos y dependientes, encadenando contratos del consistorio, estas mujeres no saben lo que es tener un mes de descanso remunerado . Tras aquel tira y afloja se estableció que se fueran dos meses al desempleo para que pudieran así descansar. «Antes era peor, tenías que buscar a una persona y le pagabas de tu sueldo para que te sustituyera», recuerda. Era el peaje por vivir en este ‘paraíso’ proletario que presume de tener pleno empleo gracias a la cooperativa agrícola que explota la finca y el cortijo de El Humoso, expropiado al ducado del Infantado, convertida en la principal y casi única industria local.

Con aquella componenda laboral, el conflicto se apagó. Pero en 2019, la llama reivindicativa volvió a activarse. Siete de las once trabajadoras empezaron a concentrarse ante el Ayuntamiento para pedir las vacaciones que por derecho les pertenecían, entre otras mejoras. « Pedíamos unos contratos en condiciones, que no estuvieran en fraude de ley y que nos reconocieran la antigüedad. Nuestro sueldo de entonces no llegaba al salario mínimo (850 euros)», cuenta Conchi, como es conocida entre sus paisanos de Marinaleda, donde «la alegría es un derecho del pueblo». Así lo proclama el portal oficial de un municipio donde la principal avenida se llama Libertad y el polideportivo, Che Guevara.

Su alcalde se hizo popular por ocupar fincas de terratenientes y del Ejército y por asaltar un supermercado hace nueve veranos , junto al exdiputado de Unidas Podemos Diego Cañamero y otros miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), para proveer de alimentos a un comedor social.

Concepción Gómez, que llegó a ser concejala del gobierno de Sánchez Gordillo entre 2003 y 2007, ha pagado un alto precio por echarle un pulso a su ‘jefe’. El pasado 8 de julio, estando de baja médica, recibió una carta de despido firmada por el alcalde, que en las elecciones municipales de 2019 se presentó por Adelante Andalucía, la marca creada por Podemos e Izquierda Unida, donde se integraba su partido nacionalista andaluz, la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT). Sánchez Gordillo justificaba su cese por «ausentarse» de su puesto de trabajo.

Como otras compañeras, había presentado su petición de vacaciones en el registro municipal, sin obtener ninguna respuesta del consistorio. « Es totalmente falso que haya faltado a mi trabajo . El día que me reincorporé (17 de agosto de 2020), había otra persona sustituyéndome», clama esta mujer que, destaca, en sus 23 años de ejercicio «jamás» ha tenido una queja de los usuarios del servicio.

Al poco de regresar de las vacaciones, el Ayuntamiento le abrió un expediente disciplinario que le ha costado el puesto y también la salud. « El médico me dio la baja en noviembre por la presión tan grande que tenía , con todo lo que llevaba pasado a raíz del expediente y de otros problemas familiares, como la muerte de mi madre». En su demanda, acusa al Consistorio de vulnerar derechos fundamentales como el de discriminación en el trabajo por pertenencia a un sindicato y el de tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad. El juez tendrá la última palabra.