El PSOE sostiene en su Ejecutiva a la alcaldesa de Almadén de la Plata, imputada por prevaricación

Se está a la espera del señalamiento de juicio oral , pero los hechos ya han sido calificados por las partes y, tras apreciar la juez de Instrucción el posible delito, la Fiscalía ha ratificado su posición inicial y ha calificado los mismos como presunta prevaricación en la contratación de dos personas en el Ayuntamiento en verano del año pasado, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

Fernández, que ahora tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, permanece imputada desde la pasada primavera, a pesar de lo cual su partido no ha tomado medida disciplinaria alguna ni la ha apartado de sus funciones orgánicas ni le ha pedido que dimita como alcaldesa de Almadén, obviando su propio código ético y contradiciendo sus mensajes contundentes cuando el imputado o procesado pertenece a otro partido.

La alcaldesa, que ostenta el máximo cargo municipal desde 2015, es también secretaria de Cooperación al Desarrollo del PSOE de Sevilla , donde forma parte de la ejecutiva provincial, además de coordinadora territorial en el área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, donde la incluyó el año pasado Fernando Rodríguez Villalobos , presidente de esta institución, con un sueldo de 40.750 euros anuales. También ejerció como diputada andaluza en el parlamento autonómico. Se trata de una política muy cercana a la secretaria provincial socialista, Verónica Pérez , y, como no podía ser de otra manera, a la secretaria del PSOE-A, Susana Díaz.

El proceso judicial se abrió tras la denuncia en la Fiscalía de Sevilla de los dos concejales de Unidos por Almadén —que pronto hizo suya el Ministerio Público — a raíz de la contratación con cargo al Ayuntamiento de dos trabajadores, uno de ellos familiar directo de Fernández , sin que se hubiera producido una convocatoria pública de las plazas ni se tuvieran en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Los dos fueron luego despedidos coincidiendo con el avance de la investigación del fiscal, pero al menos uno de ellos fue nuevamente contratado en el ámbito municipal .

De las diligencias practicadas, y tal y como la propia juez de Instrucción indicó en marzo en el auto de procedimiento abreviado, al que ABC ha tenido acceso, se desprende que la alcaldesa de Almadén contrató al trabajador J.O.F. ( primo hermano suyo) para que prestase servicios en el Consistorio como « agente de dinamización juvenil» . Además, hizo lo propio con J. A. B. V. como coordinador del proyecto Ribete a jornada completa, «cuando la subvención base del contrato era para un contrato a media jornada», refirió la instructora. En ambos casos, las contrataciones se llevaron a cabo por Fernández « de forma unilateral y sin sujeción a procedimiento administrativo alguno », reza el auto.

Fernández tomó posesión de su cargo el sábado 13 de junio del año pasado y ni una semana después , el viernes 19, ya había contratado a su familiar para ocupar una plaza de monitor con cargo a una subvención del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación. Pasaron sólo tres días más y, el 22 de junio, la regidora realizó una segunda contratación, ahora con cargo al llamado Proyecto Ribete , también financiado por la misma área de gobierno de la Diputación (en la que, curiosamente, Fernández había ocupado el puesto de secretaria en el anterior mandato).

En ninguna de las contrataciones el Ayuntamiento tuvo en cuenta las bases establecidas por la Diputación ni los artículos de la Ley de Bases de Régimen Local que regulan la contratación de personal laboral y eventual.

No hubo convocatoria pública para la cobertura de las plazas y, por ello, no se abrió plazo alguno para la recepción de solicitudes ni se baremaron los méritos y capacidades de ningún otro candidato. Un verdadero «dedazo» del que, preguntada por ABC, Fernández nada quiere decir.