Miembros del SAT acusados de organizar un piquete aseguran que todo es una maniobra política

No obstante, el juicio ha quedado suspendido hasta el próximo 6 de abril de 2016 porque la sala no cuenta con el material tecnológico necesario para que se pueda visionar el CD que contiene las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro educativo.

Según la Fiscalía, que pide penas de hasta seis años y medio de cárcel , los procesados formaron parte de un piquete que tenía como objetivo ese día impedir la entrada de los profesores del instituto Entrepuentes que acudieron a trabajar. Once de ellos lo hicieron y el fiscal afirma que sufrieron amenazas y coacciones. Si bien, la peor parte se la llevó la jefa de estudios.

Siguiendo con el relato del Ministerio Fiscal, rodearon su vehículo, lo zarandearon y le profirieron insultos graves . Toda esta secuencia es negada por los acusados. Uno de ellos, Manuel Velasco, ha afirmado en la entrada de los juzgados, que todo es fruto de una maniobra política. « Los profesores no han denunciado ; sin embargo, han sido citados como testigos por el sargento de la Guardia Civil que redactó el informe». Un atestado policial que ha calificado «de la época de la post guerra».

Afirma que nunca han tenido problemas en Los Corrales cuando se han convocado huelgas. « Ese día ningún alumno fue a cla se , pero es verdad que a ese centro van profesores de otras localidades que no conocen la realidad local». A preguntas de los periodistas sobre un posible pacto para rebajar la pena solicitada por el fiscal, este acusado lo ha negado y afirma que defenderán su inocencia hasta el final.

Cañamero, que ha estado junto a una veintena de simpatizantes en la entrada del juzgado apoyando a los acusados, afirma que su organización está «sufriendo una persecución sin precedentes ».

En la entrada de edificio judicial, ubicado en la avenida de la Buhaira, ha estado presente María del Carmen García , parlamentaria de Podemos, quien ha querido mostrar el apoyo de su formación a los sindicalistas. Afirma que el Estado «debe perseguir a las empresas que coaccionan a sus trabajadores para impedir que ejerzan ese día su derecho a la Huelga. Debe condenar esas prácticas y no el derecho a informar durante una huelga general».