La Junta de Andalucía reclama al Consorcio de Estepa la devolución de una subvención que nunca se justificó

Blanco ha respondido una pregunta de Vox sobre los incentivos concedidos al Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur durante una comparecencia parlamentaria en comisión a raíz de las informaciones publicadas por ABC sobre la investigación que mantiene abierta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa por posibles delitos cometidos en la gestión del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, que habría mantenido contrataciones con una e mpresa administrada por el secretario y el gerente de la propia entidad con el visto bueno de dos alcaldes socialistas, el de Casariche y el de Estepa. Los implicados habrían defraudado más de un millón de euros y habrían hecho acopio de 30 fincas durante los dos años que estuvieron llevando a cabo la supuesta operación de lucro personal.

El parlamentario de Vox Rodrigo Alonso le ha preguntado a la consejera de Empleo «por las medidas de la Junta» así como si se iba a personar en la investigación abierta por el Juzgado. «Nos preocupan los fondos públicos», ha sostenido Alonso, quien ha recordado que a finales de enero se conocía la detención de seis personas a los que se añadieron otras 7 a mediados de junio «por una mala utilización de la planta» de este Consorcio.

Blanco ha detallado que el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur ha recibido tres ayudas de su Consejería , por importes de 160.000 euros (2016), 224.000 euros (2017) y 241.000 euros (2018). Un total de 425.000 euros.

La consejera de Empleo ha hecho referencia a las consultas al Gabinete Jurídico de la Junta, que le ha comunicado a la Consejería la denuncia de la Fiscalía sobre «delitos cometidos de prevaricación y malversación por contratos interpuestos». Blanco ha aludido a 13.550 euros sin justificar de la ayuda inicial de 160.000 euros de 2016, de la que se le concedieron 147.000.

De la ayuda concedida de 241.000, Consorcio Estepa-Sierra Sur recibió 120.000 euros de un primer pago , pero no los 60.000 de un segundo pago, que representaría el 75% del total concedido, por contar con una justificación pendiente. El parlamentario de Vox, tras las explicaciones de la consejera de Empleo, ha considerado la situación «un auténtico despropósito» y ha reclamado que «caiga todo el peso de la ley», así como la adopción por la Junta de «medidas cautelares» , que ha considerado «imprescindibles» para no dar a «la opinión pública la sensación de que se puede sustraer de forma gratuita el dinero público».