El juez reactiva el caso Marismas con las declaraciones suspendidas por la pandemia

En concreto, para el próximo mes de octubre el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla , Juan Gutiérrez Casillas, que investiga el posible amaño del concurso que organizó la Junta de Andalucía para modernizar las infraestructuras de regadíos, ha citado a tres investigados.

El día 1 del citado mes tendrán que comparecer para ser interrogados Salvador Cejudo, quien fuera subdelegado del Gobierno en Huelva y posteriormente (etapa de los hechos) jefe de la oficina de Supervisión de Proyectos de la D irección General de Desarrollo Sostenible y Medio Rural de la Consejería de Agricultura ; Diego Guerrero, empresario, y Guillermo Bravo, ex consejero delegado de Befesa , filial de la multinacional Abengoa . Además, el juez ha citado para el mes de octubre a tres peritos y 17 testigos.

Tres investigados de los más de 20 que engrosan la lista de los implicados: todos los empresarios que pudieron participar en los amaños, la directiva de los regantes de aquella época y cinco cargos socialistas de la Consejería de Agricultura , entre ellos el actual diputado autonómico del PSOE José Luis Sánchez Teruel , que entonces ostentaba un alto cargo en dicha consejería. Se investigan delitos de cohecho, fraude en las subvenciones, malversación, falsedad documental y prevaricación .

De esta manera, el juez pretende dar un impulso a esta causa, cuya instrucción se inició en 2013, aunque los hechos bajo sospecha tienen su origen en 2005 . Aquel año, la Comunidad de Regantes del Guadalquivir solicitó a la Junta una subvención para acometer las obras de modernización de las marismas . El proyecto presentado tenía un presupuesto de 66 millones y la Junta aprobó una subvención de 40 millones con cargo a los fondos europeos, el 60 por ciento del coste total del proyecto. Se trataba de una iniciativa cofinanciada que obligaba a los agricultores a poner el resto del dinero, 26 millones de euros.

La Consejería tramitó la ayuda sin comprobar si los regantes disponían de estos fondos. La Fiscalía asegura que no tenían dinero, por lo que la Junta licitó la obra a sabiendas de que nunca se llevaría a cabo en su totalidad. Pero los hechos investigados no se paran ahí. Una vez aprobada la subvención, se procedió a celebrar el concurso para las obras .

Según la Guardia Civil, ganó una UTE compuesta por dos grandes empresas, Teconsa y Elecnor, a las que se sumaron dos de la zona, Meci y Tegner. Su oferta económica era la más cara de las doce que se presentaron y quedó en el puesto once. Entonces la mesa de contratación cambió los criterios porque supuestamente tenían la adjudicación pactada con los empresarios locales Manuel Moreno y Emilio «El Murciano», que acabaron ganando.

Sin embargo, cuando se falló el concurso en favor de la UTE con la peor oferta económica, en la que estaban los empresarios locales, la Junta indicó que estas sociedades no tenían calificación y mandaron repetirlo. Varios miembros de la mesa de contratación declararon a la Guardia Civil que desde Agricultura hubo una llamada al presidente de los Regante s y que éste instó a apostar en la segunda adjudicación por la UTE Befesa-Alpi , que en la primera baremación había quedado en el puesto número diez. Los regantes apostaron por una y la Junta por otra, que fue la que al final se impuso. La investigación apunta que esta adjudicación podría tener relación con una deuda que la Consejería mantenía con la filial de Abengoa por otra obra en el Andévalo onubense.

Después llegó el acuerdo entre la UTE que había ganado en primera adjudicación y la ganadora definitiva para que ésta subcontratara sus servicios. Además, los perdedores recibieron 330.000 euros por parte de los regantes después del cambio de adjudicación. La Guardia Civil asegura que hubo un «reparto del pastel» .

La tercera rama de la investigación, además del amaño del concurso y los regalos a los regantes, es las certificaciones de obra falsas para cobrar las subvenciones europeas, la más importante para la Oficina Europea Antifraude . Los implicados han declarado que la Junta les instaba a falsificar las facturas para poder justificar los fondos europeos y no perderlos. Tanto la Guardia Civil como la consultora de ingeniería Ayesa aseguran que se ha ejecutado sólo el 70 por ciento de las obras que se justificaron . Un tercer informe pericial concluye que se simularon obras para poder presentar las facturas a Europa y cobrar las ayudas, de manera que incluso se colocaron tuberías sin soldar sobre el terreno para aparentar que el trabajo estaba hecho.

Tras ocho años de investigación, el juez pretende con estos nuevos señalamientos para interrogar a estos tres investigados encarar la recta final de la instrucción. Pero antes tendrá que resolver sobre la situación de Sánchez Teruel, actual secretario general del PSOE de Almería . La Fiscalía sostiene que el también diputado autonómico, cuando era director general de Regadíos de la Junta de Andalucía, tuvo un papel en los hechos «que es necesario esclarecer ». Por ello, solicita que sea llamado a declarar como preimputado. Así lo ha pedido el PP andaluz y también la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir .

El juez instructor del llamado caso Marismas dejó sin efecto la citación como investigado de Sánchez Teruel, uno de los barones de la expresidenta Susana Díaz, porque, en su condición de parlamentario, goza de aforamiento . Ahora, la Fiscalía pide que se estime el recurso de apelación interpuesto por la acusación ejercida por el PP andaluz ante la Audiencia de Sevilla para que sea revocada dicha decisión y que el político almeriense sea citado en el procedimiento.

También espera el juez el informe pericial encargado a un ingeniero de la Universidad de Córdoba para que señale sobre el terreno todos los desvíos que se produjeron en las obras. Lleva dos años trabajando en dicho dictamen.