La juez cita al alcalde de Utrera, denunciado por la marquesa de Santaella

El origen de la querella está en unos terrenos de la marquesa en el barrio de San Joaquín, que hace unos años fueron ocupados por el Ayuntamiento para la instalación de un campo de fútbol, una casetilla y un parque infantil. En 2011 la Justicia le dio la razón a María Dolores Patiño, que había denunciado al Consistorio por usar una propiedad privada sin el consentimiento de su legítimo dueño.

En 2013 y tras varios requerimientos para que el Ayuntamiento cumpliera con la sentencia que obligaba al Ayuntamiento al desmontaje de los recursos instalados en la parcela, se iniciaron los trabajos «lo que creó una gran alarma en los vecinos» que veían perder un equipamiento del barrio, según reza en el texto de la querella a la que ha tenido acceso ABC.

El anterior alcalde de Utrera, el andalucista Francisco Jiménez Morales , pidió a la propietaria llegar a un acuerdo extrajudicial . Ambas partes se pusieron de acuerdo y finiquitaron el conflicto. La propiedad de la parcela pasaba a manos municipales a través de la permuta de otros terrenos en el casco urbano y el pago de 50.000 euros. El acuerdo también incluía que el Consistorio entregaba las parcelas urbanizadas .

Sin embargo, desde la fecha de ese convenio (31 de julio de 2013) a día de hoy, los terrenos permanecen en estado de abandono, a pesar de que la representación letrada de la marquesa puede acreditar los requerimientos realizados al Ayuntamiento para que cumpliera el acuerdo. Según los letrados de María Dolores Patiño, al llegar a la Alcaldía Villalobos «se le envió un burofax» y el año pasado el regidor mantuvo una reunión con la hija de la querellante en la que se comprometió a ejecutar el convenio. Sin embargo, no ha habido avances.

«El Ayuntamiento ha llevado a cabo una absoluta dejadez de funciones », afirma el abogado Fernando Rodríguez Galisteo, ya que no ejecutó las obras ni tampoco obligó a la Junta de Compensación, que aglutina a los dueños de los terrenos colindantes, a realizar los trabajos de urbanización.

La querella apunta que el regidor podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa por omisión , que podría conllevar una pena de quince años de inhabilitación.