Fraude del reciclaje: los pueblos del Consorcio pagaban más del doble por los portes de residuos

Esta es la principal conclusión a la que alcanza el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF de la Policía Nacional en un nuevo informe presentado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa , que investiga el presunto fraude con el entierro de la basura y el desvío de fondos, y que ya eleva el posible desfalco a 3,4 millones de euros.

El nuevo oficio policial es ampliatorio del entregado el pasado mes de octubre y se ha centrado en el análisis de siete dispositivos informáticos de almacenamientos USB , localizados en los registros realizados el pasado verano en la sede del Consorcio y en los domicilios de los cabecillas de la trama, Mañas e Ibáñez, así como del que fuera socio fundador de Magno y testaferro de los dos anteriores.

La documentación analizada, junto a las pruebas practicadas anteriormente, es suficiente, según la Policía Nacional, para arrojar luz sobre los delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales imputados al grupo criminal liderado por Mañas, en el que también se encuentran alcaldes socialistas como Basilio Carrión, primer edil de Casariche , y Juan Manuel Heredia Bautista, exalcalde de Los Corrales, expresidente de la Mancomunidad y actualmente diputado provincial. Estos dos también están investigados en esta causa.

Para la UDEF está más que demostrado que Mañas e Ibáñez controlaban Magno, el medio usado para defraudar los fondos públicos de distintos organismos públicos como el Consorcio, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur o el Ayuntamiento de Los Corrales . Eran los administradores de hecho desde su fundación en 2014 y no sólo desde 2019 cuando son nombrados administradores únicos.

En los años 2016 y 2019, el Consorcio, con la participación de Mañas como secretario-interventor, suscribió sendos contratos de arrendamientos de camiones para la recogida de basura con Magno, que debía aportar en enero de 2016 tres vehículos recolectores a cambio del pago mensual de 10.890 euros; y desde febrero de 2019, otros dos camiones por 14.520 euros al mes.

«Magno ha incumplido de manera reiterada el objeto de ambos contratos», asegura la Policía Nacional, que apunta que en el año 2016 no tenía ningún camión. Desde enero de 2017 y hasta marzo de 2019 sólo cedió un camión. Hasta tal punto llega el incumplimiento y el engaño de la trama al Consorcio que uno de los camiones por los que Magno cobra una mensualidad desde 2019 «todavía no ha salido del concesionario».

La contratación de Magno en 2016 y 2019 fue «arbitraria y dirigida a satisfacer los intereses particulares de Mañas e Ibáñez», concluye la Policía, sobre todo si se tiene en cuenta que entre la documentación analizada hay facturas de algunos concesionarios al Consorcio directamente con ofertas de arrendamiento y mantenimiento de los camiones más económicas y ventajosas.

La actuación de Magno beneficiaba a Mañas e Ibáñez y suponía un sobrecoste del servicio en perjuicio del Consorcio. Pero estos efectos negativos en las arcas de la entidad pública no solo llegaron por los camiones, sino por otros servicios adjudicados a Magno, que ésta a su vez subcontrataba a otras empresas por no contar con medios ni personal para ello. Es aquí donde aparecen las facturas por reparación y pintado de contenedores y portes de contenedores, escombros y residuos a la planta de reciclaje .

El análisis comparativo entre los que costaba estos servicios a Magno y lo que la sociedad de Mañas e Ibáñez facturaba al Consorcio arroja unas cifras claras. El sobrecoste generado al Consorcio por la reparación de contenedores entre 2014 y 2018 ascendió a 69.285 euros. El sobrecoste generado por los portes entre 2015 y 2019 fue de 411.956 euros .

Magno pagó por los portes 341.524 euros y le cobró a los ayuntamientos del Consorcio un total de 753.480 euros, más del doble del coste real del servicio.

Las operaciones para seguir apropiándose de fondos públicos llegaron hasta el punto de que, en 2017, Magno vendió a la Mancomunidad 35 contenedores de 800 litros por ocho mil euros. Las facturas demuestran que esos contenedores los compró el Consorcio y los vendió Magno .