La Fiscalía de Sevilla denuncia a una empresa gravera de Guillena por verter residuos sin control alguno

Y lo hace tras las datos que se han ido recabando tras varios años de investigación y en los que la citada empresa, Áridos Bórboli, «ha hecho oídos sordos» a las continuas denuncias ante diferentes administraciones , como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Guillena o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Según los datos a los que ha tenido acceso ABC, la citada gravera ha acumulado a lo largo del último lustro multas por valor de hasta 230.000 euros sin que ello «haya provocado el cese de los vertidos» en una zona cercana al río Rivera de Huelva, afluente de la margen derecha del río Guadalquivir cercano a la localidad de La Algaba.

Así, el Ayuntamiento de Guillena realizó un seguimiento a esta empresa en 2017 que comunicó a la Consejería de Medio Ambiente. La Consejería de Hacienda impuso una multa de 120.000 euros a esta empresa en el año 2013, mientras que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir incoó un expediente sancionador en 2019 «por vertidos de aguas residuales procedentes de los lixiviados de escombros acumulados en balsas sin garantías de impermeabilización y sin autorización» alguna.

Asimismo, desde los años 2013 a 2016 se pone de manifiesto, según la documentación aportada en la querella, que se «han realizado trabajos de explotación de áridos » por parte de este empresa «con una resolución de paralización de los trabajos en la zona» de explotación.

Por todo ello, la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla requiere del Seprona la «inspección a fecha actual de las instalaciones», así como la declaración de los denunciados —F.M.C.V., J.C.V., M.J.C.V. y P. V., todos ellos administradores de esta empresa— por lo que, como medida cautelar, solicita la «orden de paralización de los vertidos en las condiciones establecidas por las administraciones competentes».

Para Ecologistas en Acción , que se ha encargado de llevar a la Fiscalía esta denuncia, el asunto supone «un paso muy importante porque es la primera vez que se produce algo así por parte del Ministerio Fiscal.

Los hechos descritos en la denuncia son «presuntamente constitutivos de un delito de desobediencia de los artículo 556 y de un delito contra el medio ambiente , recogido en el artículo 325 del Código Penal». La causa ha recaído en el Juzgado número 10 de Sevilla.