La Fiscalía archiva la investigación por una supuesta filtración en las oposiciones de los bomberos en la Diputación de Sevilla

En un decreto del Ministerio Público recogido por Europa Press, se detalla que en dicha prueba 834 aspirantes firmaron su examen, superando 212 de ellos la nota de corte. Tras alertar el presidente y el secretario del tribunal de la oposición de posibles «anomalías» en los resultados, la Diputación decidió anular la prueba y elevar el asunto a la Fiscalía. Las sospechas se centraban en que había «un número excesivo de preguntas acertadas para la media de estos casos por parte de un grupo de opositores», que son además funcionarios interinos .

Entre las 65 primeras calificaciones de la prueba figuraban «opositores que habían desempeñado o desempeñaban trabajo de bombero como funcionarios interinos; aspirantes incluidos en la bolsa de trabajo de la Diputación y dos hijos de un funcionario del área del Servicio de Bomberos». Un informe advertía de la «alarmante coincidencia» en las respuestas de estos 65 opositores que habían obtenido las mejores notas.

La Fiscalía concluye que de las diligencias practicadas reflejan que «ni el presidente, ni el secretario ni los vocales del tribunal (entre ellos miembros del cuerpo de bomberos) percibieron que alguno de ellos fotografiara las preguntas, se llevase papeles o grabara lo hablado en la reunión en la que fue confeccionado el test de la prueba». Igualmente, señala que el propio secretario se cercioró de que no había «copias ni papeles rotos » fruto de aquella reunión.

Las pesquisas ponen de relieve además, según la Fiscalía, que «no existe relación entre las preguntas comunmente acertadas por los aspirantes» considerados como «sospechosos» y «la identidad del autor de las mismas». Es decir, se da un número elevado de aciertos en preguntas elaboradas por los denunciantes (miembros del tribunal) e incluso preguntas contestadas de forma incorrecta y que habían sido confeccionadas por vocales del tribunal pertenecientes al cuerpo de bomberos .

Además, indica la Fiscalía, que el «estudio de riesgos» encargado a la compañía DARA sobre la prueba se centró en los exámenes de los 65 aspirantes sospechosos, cuando se le debió solicitar un análisis de los exámenes de todos los opositores, «pues era la única forma de lograr un informe pericial objetivo, general e imparcial».

El Ministerio Público concluye que no hay indicios de que «hubiera mediado filtración total o parcial» de las preguntas del examen, toda vez que «aún aceptando a efectos puramente polémicos que hubiese existido esa filtración, la identidad de su autor o autores sería imposible de concretar».