Condenan al Ayuntamiento de Castilblanco a publicar la versión de un funcionario acusado de desfalco

El funcionario está siendo investigado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, al presuntamente desfalcar 114.744,45 euros de las arcas públicas municipales. El Ayuntamiento usó los medios públicos municipales para hacer pública la acusación en una primera instancia, pero no tomó en consideración la versión del acusado.  Por ello, su defensa presentó una demanda amparada en el derecho de rectificación donde se solicitaba al consistorio gobernado por el socialista Segundo Benítez que hiciera público un texto con su versión.

La Justicia estimó parcialmente esta demanda. El fallo judicial del juzgado de primera instancia número 18 de Sevilla alude a la noticia publicada en el boletín, la página web y la televisión municipal que sostenía que el empleado municipal se apropió presuntamente de cantidades de dinero procedentes del pago de tasas e impuestos abonados por los vecinos en el consistorio. La sentencia condena al Ayuntamiento a hacer públicos los tres primeros puntos del escrito de rectificación en el siguiente boletín municipal.

Incumplimiento del Ayuntamiento

En el escrito de rectificación el funcionario acusado precisa que no ha participado en forma alguna en la presunta apropiación de caudales del Ayuntamiento, exige respeto al derecho constitucional a la presunción de inocencia, y muestra su repulsa por la publicación en los medios municipales de esta noticia cuando el acusado no había sido imputado, citado para declarar o tomado conocimiento de denuncia alguna.

Ante el incumplimiento de la sentencia por parte del Ayuntamiento, la defensa del funcionario presentó una demanda ejecutoria que despachó el juzgado de primera instancia número 15 de Sevilla.

En un auto, la Justicia requiere nuevamente al Ayuntamiento que haga públicos los tres primeros puntos de la demanda de rectificación en el plazo de un mes, y establece que en el caso de que no se cumpla la resolución pueda ser encargado a un tercero a costa del consistorio o se reclame el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.