El Ayuntamiento de Marinaleda, sancionado por contratar «en fraude de ley» a sus empleados públicos

El texto de la resolución de la Inspección de Trabajo dice que «el Ayuntamiento de Marinaleda ha recurrido a la contratación temporal, contrato de obra o servicio determinado para cubrir un servicio permanente , servicios que no son objetivamente temporales, lo que supone o implica su utilización en fraude de ley , presumiéndose dichos contratos celebrados por tiempo indefinido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores: Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley».

Este conflicto arranca a finales del mes de agosto, cuando una vecina se encerraba junto a sus padres en el interior del Ayuntamiento para protestar por haberla, según la versión de ella, «dejado fuera de la bolsa de trabajo por reclamar sus derechos laborales», tal y como publicó ABC en su día. Incluso, el propio alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo , tuvo que recurrir a la Guardia Civil para desalojarles del Consistorio y acabar así con varios días de protesta pacífica.

Acabado este encierro, al alcalde le volvieron a montar otra protesta , esta vez por parte de un grupo de trabajadoras del mismo sistema municipal de ayuda a domicilio, que se personaban cada miércoles ante las puertas del propio Ayuntamiento por reivindicaciones de incumplimientos de horas de trabajo, entre otros asuntos.

Cada día que pasaba, se iba a enquistando una posible solución entre las partes, incluso el Defensor del Pueblo tuvo que mediar, si bien no acudieron al acto los representantes municipales. Hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaraba abusivos e ilegales los servicios mínimos que propuso el Ayuntamiento para la huelga del servicio de ayuda a domicilio.

Finalmente, esta huelga quedó suspendida por la crisis sanitaria derivada del Covid desconvocándose a mediados del mes de febrero, en plena desescalada de la tercera ola y tras sufrir la baja por enfermedad «por la presión en el trabajo de las compañeras», explican las fuentes sindicales.

El nuevo frente judicial llega ahora por parte de la Inspección de Trabajo, que reconoce las irregularidades del equipo de gobierno de Sánchez Gordillo hacia estas trabajadoras municipales representadas por el sindicato CGT que las ha ido asesorando judicialmente.

A través de este sindicato, se consiguió regularizar el derecho a las vacaciones «calificado de lujo por algún representante de la institución municipal y de que se consiguiera cobrar el salario mínimo interprofesional y actualizar las nóminas», según expresa en un comunicado al que ha tenido acceso ABC.

A este varapalo recibido le aguarda al regidor comunista, que lleva gobernando ininterrumpidamente desde 1979, una nueva cita en los juzgados. Será el 14 de abril cuando la representación del Ayuntamiento de Marinaleda tenga una nueva cita judicial con CGT ante el Juzgado de lo Social para abordar la demanda colectiva de sus trabajadoras de ayuda a domicilio por «modificación sustancial de las condiciones de trabajo, al haberles suprimido unilateral y arbitrariamente las 35 horas semanales e impuesto jornadas partidas a modo de castigo ».