La Audiencia admite a trámite el recurso del PP por la compra de votos en Huévar

La decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Sanlúcar llegó el pasado mes de octubre, cuando apenas se cumplían diez meses de investigación judicial .

La Fiscalía denunció los hechos en noviembre de 2019 por un posible delito electoral y de malversación , después de que la alcaldesa de Huévar, la popular María Eugenia Moreno , presentara ante el Ministerio Público los conocidos como «papeles de Huévar», descubiertos por la casual rotura de una trituradora de documentos en el Ayuntamiento. Para los populares aquellos papeles vendrían a constituir un plan para la compra de votos por parte de los socialistas a cambio de ofrecer a vecinos puestos de trabajo. Era lo que se conocía como «Plan 1.000» .

En el auto de archivo, el juez admitía que había existido un plan preconcebido por parte del PSOE local para la compra de votos a cambio de trabajos a media jornada en el Ayuntamiento, aunque aseguraba que no había indicios de que se hubiera llevado a cabo .

Además, indicaba que los hechos habían prescritos porque se cometieron en 2009 y la denuncia se presentó diez años después. El único acusado por el delito electoral y malversación, Francisco Martín González, quien fuera teniente de alcalde en etapa socialista y al que se le atribuye la autoría de dichos documentos, admitió el plan pero negó su ejecución.

Ante el archivo acordado por el juez, el PPde Sevilla ha actuado rápidamente por lo que creen es una decisión «sorprendente» y tomada en base a la declaración del propio acusado y sin haber practicado una serie de pruebas solicitadas por los populares.

El magistrado Luis Gonzaga de Oro-Pulido Sanz, tras admitirse a trámite el recurso, ya conoce los argumentos del PP , que ha puesto a disposición del juez, como así lo hicieran ante el instructor, más documentación relevante hallada en el Ayuntamiento.

Los populares insisten en que el plan para la compra de votos existió y asegura que la documentación que se aporta refleja que se llevo a efecto y se materializó.

En este sentido, considera no creíble la estrategia de la defensa de situar los hechos en 2009, puesto que los ediles del PSOE, entonces y en la actualidad, se refieren a Rafael Moreno como «alcalde» y era habitual que este señor utilizara las dependencias municipales y especialmente el despacho de alcaldía después de haber dejado de ser alcalde de Huévar en 2009, lo que motivó incluso una petición de información por parte del Grupo Popular, que también obra en la causa.

Igualmente, añade que el denominado «Plan 1.000» se ejecutó de forma continuada por el equipo de gobierno del PSOE, como demuestra las contrataciones coincidentes con la documentación ya obrante en la causa. No hubo oferta de empleo pública, ni se realizaron publicidad de bases ni se creó una bolsa de empleo local. Por ello, las citadas contrataciones, realizadas «de forma irregular».

El último en 2019 , por eso rechazan la prescripción del delito denunciado. Además, se otorgaron ayudas de emergencia a algunas de las personas citadas en los documentos obrantes en la causa, con el objetivo declarado en los manuscritos del investigado de la fidelización y «compra» de votos.

Tras exponer un listado de vecinos beneficiarios , el PP expone en su recurso que el auto del juez carece de motivación para rechazar las pruebas propuestas y los documentos aportados, que «no han merecido ni una linea de valoración judicial».

El PP pide a la Audiencia que deje sin efecto el auto de archivo del instructor y le ordene que continúe con la investigación. Del mismo modo, solicita que se libre oficio a la Policía Judicial de la Guardia Civil para investigue los hechos y elabore un atestado . Esto ya lo pidió al juez. Para ello vuelve a poner a disposición del instructor y de los agentes toda la documentación existente en el Ayuntamiento relativa al «Plan 1.000», contratos de trabajos, nóminas, etc. Por último, pide que se cite a Rafael Moreno y a Áurea Borrego, ambos exalcaldes socialistas de Huévar , como investigados.