El PSOE expulsa a sus dos exalcaldes condenados de la Diputación de Sevilla

En concreto, y según la documentación a la que ha tenido acceso ABC de Sevilla, en el día de ayer fue cesado oficialmente José Castro Jaime como personal eventual de la Diputación de Sevilla, institución en la que ocupaba el puesto de secretario del Área de Empleado Público tras su designación a dedo por parte del PSOE. Un cargo que ha ocupado durante algo menos de un año, pues fue nombrado para este cometido en una resolución firmada por el propio presidente, también secretario general de los socialistas en la provincia de Sevilla, con fecha de 9 de febrero de 2024.

Sobre el exalcalde de Villanueva del Ariscal pesa una condena reciente del Juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla, fechada a 5 de diciembre de 2024, que le señala como el autor de un delito de prevaricación administrativa durante los años en los que estuvo al frente del gobierno del municipio. Así, se declara probado que convirtió en trabajadora indefinida a quien fuera su secretaria durante once años, María del Carmen G. C., a la que contrató en su día como persona de libre designación. Por ello, el juez le ha condenado a una pena de seis año de inhabilitación especial para ocupar un empleo o un cargo público, lo que obligaba a la Diputación de Sevilla a prescindir de sus servicios, algo a lo que también empujaba el propio código ético del PSOE, el partido que lo colocó en este cargo de confianza.

La misma situación se ha producido en el caso de Antonio Manuel Suárez Sánchez, quien fuera durante 16 años alcalde del Ayuntamiento de Valencia de la Concepción, entre el 2007 y el 2023. También con fecha de 15 de enero de 2025, consta una resolución de la Diputación por la que se decide su cese inmediato como personal eventual de la corporación, labor que en concreto desempeñaba como uno de los asesores que tiene asignados el grupo de los socialistas en la institución. Suárez Sánchez fue nombrado para este nuevo cometido el pasado 31 de julio de 2023, poco después de que su partido no fuera capaz de revalidar la Alcaldía del municipio aljarafeño, que regresó a manos del PP después de varios mandatos.

En su caso concreto, el cese como personal eventual es consecuencia de una sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla del pasado día 9 de enero en la que se le condena a un año y seis meses de prisión, además de al pago de una sanción económica por valor de 2.160 euros y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público electivo en el ámbito de la administración local. El auto señala que realizó una «dejación de funciones» y permitir la construcción y actividad sin licencia de un asador en un paraje del municipio de Valencia de la Concepción que tiene la declaración de suelo no urbanizable. Casualmente, el responsable de ese negocio era un hermano de uno de los concejales en el Ayuntamiento.

En las filas del PP de Sevilla, su secretario general José Ricardo García, ha celebrado este jueves la decisión adoptada por la Diputación de Sevilla. Al respecto ha aplaudido que se haya atendido su petición «procediendo a la destitución» como personal contratado de ambos exalcaldes. «Nos alegra que haya sido así, aunque hayan pasado 48 horas y lo hayan hecho para salir del atolladero político y desviar el foco mediático causado». De hecho, ha lamentado que ambos hayan permanecido «hasta la denuncia pública del PP cobijados por el señor [Javier] Fernández».

García ha recordado que «la Diputación de Sevilla y su presidente se deben a los ciudadanos y no debe ser utilizada como un instrumento del PSOE, ni tener activada una puerta rotatoria para socialistas cuyo expediente está marcado por la ilegalidad», ha concluido.