La Policía Nacional desarticula una organización criminal que explotaba a temporeros en Sevilla

Las víctimas, de nacionalidad rumana, eran captadas en su país de origen por un clan familiar que les prometía trabajo en diferentes explotaciones agrícolas en España. Una vez aquí, eran forzados a trabajar de lunes a domingo en jornadas de 12 horas por un salario de 70 euros semanales, informa la Policía en un comunicado.

Los jornaleros vivían hacinados en un inmueble insalubre, algunos en compañía de hijos menores de edad, «rodeados de inmundicia y durmiendo sobre colchones en el suelo». A otro de los arrestados le constaba una orden de búsqueda por abuso y agresión sexual a menores en Rumanía.

La investigación policial se inició en enero de este año cuando las autoridades rumanas, a través de la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en Bucarest, pusieron en conocimiento de la Policía Nacional la presencia de un ciudadano rumano retenido contra su voluntad en un municipio de la provincia de Sevilla.

Las pesquisas iniciadas por los agentes permitieron la localización de esta persona en un inmueble ubicado en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas, donde residían más temporeros de su misma nacionalidad. Las indagaciones continuaron hasta que se logró identificar a un clan familiar de origen rumano, asentado en la provincia de Sevilla, que se había especializado en la explotación laboral de personas de su misma nacionalidad en diversas explotaciones agrícolas.

El entramado captaba a las víctimas en su país de origen, presentándoles ofertas de trabajo con unas condiciones favorables, vivienda gratuita incluida, que una vez en España no se cumplían. La organización se quedaba «con gran parte del salario para cubrir los gastos de alojamiento y devolución de la deuda contraída».

Además, «sufrían amenazas constantes de los explotadores, que les retiraban la documentación y vigilaban de manera estrecha, no permitiéndoles salir solos de la vivienda en la que se alojaban«. En este sentido, los investigadores descubrieron que la organización »tenía privado de libertad a uno de los temporeros, que únicamente podía salir al exterior para ir a trabajar«.

En el registro domiciliario se ha intervenido 1.800 euros en metálico y «abundante documentación relevante para la investigación».