Once municipios de Sevilla piden ayuda a la Junta de Andalucía ante una plaga de mosquitos

Se trata de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, Bollullos de la Mitación, Isla Mayor, Aznalcázar, Coria del Río, Almensilla, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Lebrija. En este sentido, sus representantes municipales han firmado, junto con la Diputación, la solicitud de una reunión urgente a la Junta de Andalucía.

«La Diputación y estos ayuntamientos entendemos que la competencia de actuación en esta materia no es municipal, a pesar de lo que la Junta de Andalucía establece en el PEVA. Pero lo importante ahora para la Diputación es actuar, porque no podemos dejar a estos once municipios desasistidos, porque ni tienen los recursos económicos, ni tienen los medios técnicos y humanos para poder desarrollar una fumigación a gran escala«, ha afirmado el diputado provincial.

Al respecto, la Diputación va a poner encima de la mesa la cuantía económica que sea necesaria, para atender lo antes posible a los vecinos afectados. Para el diputado, «a partir de ahí, sin ningún ánimo de polemizar ni de politizar, lo que queremos es poder actuar para atender a los 100.000 habitantes de la comarca afectada, a los que tenemos que dar pronta respuesta«.

Por ello, «pedimos a la Junta esta reunión. Porque para poder actuar, necesitamos que la Junta de Andalucía resuelva la declaración de la emergencia, resolución sin la que los órganos de fiscalización de la Diputación no permiten que iniciemos ningún tipo de solución«.

En la carta que la Diputación y los municipios han firmado para su remisión a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud, se especifica que el objeto de la reunión solicitada es determinar una serie de requisitos, necesarios para que la Diputación pueda establecer su colaboración con los municipios en cuanto a la ejecución de las medidas de control integral de mosquitos, urgente dado el incremento en la plantación de superficie de arroz y el aumento del riesgo para las poblaciones cercanas a estas áreas de cultivo.

Para actuar de manera inmediata, dada la situación de grave peligro para la salud publica, las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico administrativo pasan por seguir los trámites previstos en el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, lo que implica la necesidad de contar con una declaración de emergencia que justifique la utilización de este procedimiento excepcional.

Por su parte, la Diputación ha trasladado ya, tanto a la Delegada Provincial como a los ayuntamientos afectados asistentes a esta reunión de hoy, su disponibilidad para poner los medios económicos y de asistencia que fueran necesarios, lo que debe hacerse desde la coordinación de la Junta, tanto a nivel de Sanidad, como medio ambiental y de política agrícola y ganadera, y delimitando el ámbito de actuación.