María Jesús Montero da un préstamo 'trampa' a Burguillos para pagar al fondo buitre

Burguillos vive una situación financiera agónica por las deudas que arrastra de la pésima gestión de gobiernos anteriores del PSOE. Así lo viene denunciando su alcalde, el popular Domingo Delgado, desde hace años, llamando a todas las administraciones para que recibir soporte económico que alivie sus arcas.

El Ayuntamiento de Burguillos fue condenado a pagar 27 millones de euros (13,5 millones en concepto principal y otros tantos como intereses desde la fecha de la demanda) al capital social de la concursada sociedad municipal Burguillos Natural. El fondo KSAC Europe Investments, perteneciente al grupo internacional King Street, con sede principal en Nueva York, se interesó por dicha deuda municipal en junio del 2023 y presentó una oferta de compra por siete millones ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla. El juez aprobó la venta de la deuda «para que un gran número de acreedores vean cumplidas sus expectativas de manera inmediata». Lo siguiente fue que el fondo buitre reclamó judicialmente el cobro de 27 millones al Ayuntamiento de Burguillos.

Delgado defiende que los administradores concursales no se abrieron a dialogar y negociar con la Corporación todas las vías de pago posibles ante de vender, lo que ya le hace «sospechar». Como el hecho de que el despacho trasladara al juez que Hacienda había concedido el préstamo días antes de ser notificado al Ayuntamiento.

Desde la compra de la deuda, KSAC, cuyos intereses legales defiende el despacho Gómez-Acebo & Pombo, ha mantenido «una actitud intransigente», negándose a cualquier negociación razonable con el Ayuntamiento y exigiendo el pago inmediato de la totalidad de la deuda. Según ha asegurado el alcalde a ABC, se le han realizado hasta tres ofertas: 8 millones en mayo de 2024, 10,5 millones en julio de 2024 y 13,4 en febrero de 2025. Todas han sido rechazadas.

Según los distintos escritos judiciales, a los que ha tenido acceso este periódico, este despacho solicitó al juez que se impusieran multas coercitivas y deducción de testimonios contra el alcalde, la concejal de Hacienda y el secretario municipal por no hacer frente al cumplimiento de la sentencia que le obliga a pagar los más de 27 millones de euros. «Multas de 1.000 euros diarios a cada uno de ellos», según Delgado, que tendrían que asumir cada uno de su bolsillo. Todo esto, además de pedir el embargo de las cuentas corrientes municipales y todo el patrimonio municipal.

Si bien, aquella petición se suspendió porque el Ayuntamiento accedió a solicitar a Hacienda un préstamo al Fondo de Ordenación del Fondo de Liquidez de las Entidades Locales. En las distintas negociaciones con los abogados de Gómez-Acebo & Pombo se intentó, según el alcalde, convencer a los representantes municipales de solicitar este préstamo. Entre los letrados de Madrid se encontraba un abogado del Estado que trabajó para el Ministerio de Hacienda como director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, entre otros cargos en la Administración central.

El Ayuntamiento siempre ha mostrado reacio a pedir dicha línea de ayuda consciente de que no podían cumplir los requisitos, principalmente la capacidad financiera para amortizar un crédito de 27 millones en doce años. Además, según Domingo Delgado, «la concesión del préstamo ha sido irregular pues el Ayuntamiento no cumple con los requisitos formales para acceder a estos fondos, puede ser nula de pleno derecho, a sabiendas de la imposibilidad del Consistorio de pagar la amortización del préstamo, como hizo saber la Dirección General de Financiación Local».

El préstamo, en caso de aceptarse, conlleva un pago anual de casi 3 millones de euros. El presupuesto municipal es de 5,4 millones y sólo el capítulo 1 de gastos (gastos de personal) es de 3,1 millones de euros. «Es decir, no podría pagar ni las nóminas de los trabajadores, y, mucho menos, los gastos de abastecimiento de agua, electricidad, facturas, mantenimiento de infraestructuras y la prestación de servicios esenciales y obligatorios», según el primer edil del PP, que advierte de que esto supondrá agravar la situación municipal, que llegaría «al colapso y disolución».

Hacienda aprobó la concesión del préstamo, cuyo procedimiento obliga a formalizar un convenio de préstamo con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), lo que tenía que aprobarse en el pleno municipal. Mientras el seno del gobierno municipal se debatía sobre la idoneidad de este paso, la procuradora de KSAC Europe Investments envió un escrito al Ayuntamiento instando a los miembros de la Corporación a aprobar la suscripción del préstamo y advirtiendo de que en caso de no hacerlo podrían incurrir en responsabilidades penales y contables.

En dicho escrito, con fecha de 20 febrero y al que ha tenido acceso ABC, se «sobrepasa el legítimo derecho de defensa, en el que deja a un lado las presiones que venía realizando y pasa directamente a las amenazas y coacciones. Un escrito que no tiene más fin que doblegar la voluntad de representantes políticos y funcionarios públicos en su propio beneficio», según el alcalde.

El escrito indica cuál debe ser el sentido del voto de los representes políticos en el Pleno, «amenazándolos con acciones penales y contables a los que votaran en contra o se abstuvieran en la suscripción de un préstamo imposible de pagar de más de 28 millones de euros, e igualmente contra la interventora municipal en el caso de emitir un informe desfavorable a la operación de crédito».

Otra cuestión de peso que llevó al Ayuntamiento a renunciar al total del préstamo y aprobar el 13 de marzo, sólo con la presencia de ocho concejales del PP, una petición de dos millones, fue la advertencia desde Hacienda. En caso de impago de cualquier plazo de amortización del préstamo conllevaría la retención inmediata del 50% de la Participación de los Tributos del Estado, subida del 2% de interés del préstamo, además de otras medidas de subidas de impuestos, lo que haría que la la deuda de más de 28 millones se convertiría en «perpetua» pues la retención del 50% de la PIE sólo cubriría el pago de los intereses del préstamo, el principal quedaría intacto.

Así, dada «la gravedad de las coacciones y amenazas» y la obligación legal de la Corporación de proteger a concejales y funcionarios públicos del libre ejercicio de sus funciones, el Pleno municipal acordó denunciar ante el juzgado de guardia a la procuradora del fondo buitre. De otro lado, los representantes legales de KSAC han solicitado en el Juzgado de lo Mercantil la imposición de multas coercitivas contra alcalde y concejales que votaron a favor del acuerdo del 13 de marzo (préstamo de dos millones) y la deducción de testimonio para determinar la posible responsabilidad penal. Pide una multa de 150 euros al día hasta el completo pago efectivo de los 27 millones de euros. Burguillos ha pagado ya 4,2 millones de euros.