La Fiscalía pide seguir investigando la muerte de tres trabajadores en una nave de Coria del Río tras un tornado

Para la juez no hay indicio ninguno de la «omisión de las medidas de seguridad» por parte de la empresa agrícola responsable del inmueble siniestrado, «que determine que la misma hubiese cometido ilícito penal constitutivo de delito». Y explicaba en su resolución que, dado que las muertes de las tres víctimas ocurrieron en el ámbito laboral, en principio determinó incoar las actuaciones por un posible delito contra los derechos de los trabajadores, con resultado de muerte. Pero la jueza de instrucción Eva María Gaspar concluye que «de la documentación obrante en autos se evidencia que no hubo ningún tipo de infracción por parte de la empresa en lo que a las medidas de seguridad se refiere, sino que el derrumbe de la nave se produjo por causa de fuerza mayor».

Y en este punto señala un informe de la Agencia Estatal de Meteorología que expone que el día de los hechos, en torno a las 11.30 horas, un tornado de intensidad 2 en la escala Fujita Internacional produjo los daños conocidos en los cortijos de Sierra Morena y El Sequero del término municipal de Coria del Río, con una velocidad máxima estimada de orden de 220 kilómetros por hora.

En la causa obra un informe pericial que concluye que «el colapso de la nave trae su causa en la imprevisible e inevitable irrupción de un tornado que llega a los 220 kilómetros por hora de velocidad de rotación del viento y que tarda breves segundos en atravesar la nave, levantando la estructura y techo». El Consorcio de Compensación de Seguros clasifica los vientos superiores a 120 km/h de carácter extraordinario, según este perito, que asegura que «los materiales de construcción de la nave están en perfecto estado, no se observa agotamiento ni desgaste ni deterioro del hormigón ni del hierro»; con lo que «se descarta que el agotamiento y/o desgaste y/o falta de mantenimiento de la nave hayan podido influir negativamente en el siniestro». En esta línea también se pronuncia la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, en un informe de investigación emitido el 19 de mayo de 2025.

Sin embargo el archivo de la causa no ha dejado satisfecho a las familias de las víctimas ni a la propia Fiscalía, que ya han recurrido esta decisión de la juez. Para el Ministerio Público, según han detallado a este periódico, hay indicios racionales de delito. En un recurso de reforma presentado por la Sección de Seguridad y Salud de la Fiscalía de Sevilla se expone, entre otras cuestiones, que es «prematura e indebida» el archivo, sobre todo cuando está pendiente de recibirse el informe de la Inspección de Trabajo sobre el accidente. Este informe es «pertinente» para la acusación pública.

De otro lado, José Ignacio Bidón, que representa a los familiares de José Manuel Velázquez, uno de los fallecidos, presentó recurso de reforma y subsidiario de apelación. Pese a la admisión de pruebas y declaraciones, el juez rectificó y un día antes de la primera declaración archivó el asunto: «Es un claro atropello al artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que deja sin investigar tres muertes, pudiendo haber existido un homicidio imprudente».

Esta acusación expone que existe otro informe en la causa que expone que la nave afectada tenía «irregularidades» en la estructura, «problemas de construcción, anclaje y no estaba preparada para ráfagas de viento fuertes». Además, este letrado apunta la falta de medidas preventivas así como que en el plan de prevención de riesgos laborales no se contemplaba las medidas a tomar ante tal situación.

Además de la vía penal, las familias han presentado demanda en la jurisdicción Social, reclamando las indemnizaciones correspondientes ante el supuesto de ilícito laboral. Esta causa está en el Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla.