Piden al Ayuntamiento de Dos Hermanas que defienda la procesión infantil cancelada por la Junta

En el mismo se argumentaba esta medida en la «premura de tiempo» para la organización, algo que los padres negaron, y no se menciona una denuncia «por segregación» interpuesta por parte de la asociación Sevilla Laica, entidad defensora de la laicidad, libertad de conciencia y derechos humanos, que se hizo eco de las «quejas» de algunos padres de alumnos del colegio, contrarios a la celebración de esta procesión en la que participan los alumnos de religión católica.

El asunto causó una enorme polémica y las familias de los escolares afectados que se quedaron sin la procesión infantil, desde su centro hasta la parroquia del barrio, decidieron iniciar una recogida de firmas. Ahora el caso será también debatido en el Pleno municipal a través de esta moción de Alonso, en la que se pide que se inste a la Junta de Andalucía a que declare la «lesividad» que produjo la anulación de la procesión «por vulneración de los derechos fundamentales de libertad ideológica y de enseñanza».

Igualmente, en la propuesta se incluye también un segundo punto para pedir a la Junta que elabore un protocolo escolar de respeto mutuo y tolerancia a las distintas religiones que se impartan en los centros escolares públicos, con el fin de evitar casos parecidos en un futuro.

En su moción, la concejal no adscrita califica de «indignante» la suspensión de la procesión de Semana Santa ya que, según considera, «no estamos ante un caso sólo de falta de tolerancia, estamos ante un atentado a los derechos y libertades individuales fundamentales, recogidos en nuestro sistema», al haberse «vulnerado en un colegio de nuestro municipio y por parte de la Junta, de manera pasmosa e impune, los derechos de libertad ideológica y de educación».

En este sentido, la edil hace alusión a la legislación vigente para defender el derecho a la libertad de enseñanza , empezando por la propia Constitución española que en su artículo 27.3, respecto al derecho a la educación, recoge que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.