La Audiencia rechaza suspender el juicio del triple crimen de Dos Hermanas por enfermedad de un letrado

El abogado José Estanislao López, que representa los intereses del padre de la menor asesinada , presentó el pasado 12 de junio un escrito en el que solicitaba la suspensión del inicio del juicio con jurado por por padecer una enfermedad que le obliga a estar en reposo y le impedía asistir a las sesiones de la vista oral.

El magistrado de la Sección Séptima que presidirá el tribunal, Juan Romeo, dio traslado a las partes personas en este procedimiento (siete defensas, cuatro acusaciones y la Fiscalía) para que se pronunciaran al respecto. Cinco de las defensas se adhirieron a esta petición , el resto de acusaciones y la representante del Ministerio Público se opusieron.

Ayer martes, la representación jurídica del padre de Lucía presentó un escrito al mediodía, reiterando la imposibilidad absoluta del su abogado para asistir al juicio oral, si bien manifestaba que su compañero de despacho Juan Manuel Pérez se ofrecía a efectuar dicha labor, siempre y cuando se le otorgue un tiempo prudencial para el estudio, análisis y preparación del juicio.

Oídas las partes y ante el ofrecimiento del compañero de despacho, que ya ha participado en otros actos procesales de esta causa, el magistrado, en un auto con fecha de este mismo miércoles y remitido a este periódico por el TSJA, ha acordado rechazar la suspensión del inicio del juicio de uno de los crímenes más horrendos que se han registrado en la provincia en los últimos años.

De haberse aceptado dicha petición, hubiese sido la segunda vez que se suspende el inicio de la vista oral. La primera fue por el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus , pues la fecha prevista inicialmente para celebrar dicho juicio era el 3 de mayo.

En el auto, el magistrado expone que la enfermedad alegada por el letrado no es sobrevenida ni repentina, como se desprende de los informes médicos aportados por el propio abogado. Al menos, desde el 17 de abril padece dicha dolencia, aunque no presentara el escrito para pedir la suspensión hasta la semana pasada.

Además, el magistrado señala que la no presencia de su letrado no causa indefensión material al padre de la niña asesinada, ya que las conclusiones provisionales de esta parte y de la Fiscalía coinciden, por lo que será debidamente defendido en su calidad de perjudicado por dicha Fiscalía , como obliga el Estatuto del Ministerio Fiscal.

En el citado auto, el presidente del tribunal del jurado que enjuiciará al clan de los Cabos y a otros tres acusados recuerda que, como señala el Tribunal Constitucional, debe a la hora de decidir sobre la suspensión solicitada tutelar el derecho que las demás partes en el proceso.

Así, «no cabe olvidar que nos enfrentamos a un juicio en el que dirimen los intereses de cuatro acusaciones y de siete acusados, así como que las víctimas por los graves hechos a enjuiciar se encuentran en una situación de estrés y angustia ante la inminente celebración del juicio que verá la posible responsabilidad penal de los presuntos autores de la muerte violenta de sus seres queridos», expone .

Igualmente, seis de los siete acusados se encuentran en prisión preventiva que se alargaría en el tiempo, ya que la agenda de señalamientos de este tribunal del jurado de Sevilla se encuentra saturada hasta el mes de diciembre del presente año. En agosto también hay un juicio con jurado .

Por otra parte, como señala la fiscal del caso, de haberse aceptado la suspensión «quedaría baldío el esfuerzo de medios personales y técnicos que se ha desplegado principalmente por el letrado de la Administración de Justicia y demás personal de la Oficina del Jurado y los funcionarios de la Consejería de Justicia en la preparación de este juicio, que cuenta con 14 partes personadas y casi 100 personas entre peritos y testigos , amén de los agentes de la autoridad que van a garantizar que las sesiones del juicio se desarrollen con la tranquilidad y sosiego que requieren los miembros del jurado a la hora de valorar las pruebas a practicar y determinar, en su caso, la posible responsabilidad penal de los acusados».

Una vez se constituya el jurado, el próximo martes, día 23 de junio, los siete acusados tendrán que sentarse en el banquillo por su presunta implicación en el secuestro y asesinato en septiembre de 2017 del «Turco», su pareja Sandra Capitán y la hija de ésta, cuyos cadáveres fueron hallados enterrados en una fosa séptica y bajo sosa cáustica en una vivienda del barrio de Cerro Blanco , en Dos Hermanas.

Ricardo G.H., conocido como «El Pollino» y principal acusado por estos terribles crímene s, se enfrenta a tres penas de prisión permanente revisable por cada uno de los asesinatos. Asimismo, la Fiscalía, según el escrito de calificación al que ha tenido este periódico, reclama cinco años por la detención ilegal del «Turco» y su pareja y seis por la de la niña. Por el delito de tenencia ilícita de armas le exige el Ministerio Público dos años y medio de cárcel.

En total, tres condenas de prisión permanente revisable y 18 años y medios de cárcel. En la misma situación se encuentra la mujer del «Pollino», Elisa F.H. De su parte, Ricardo G.G., padre del «Pollino» y conocido como «El Cabo», David R.H.P. y José Antonio M.B., contratados por el clan de «los Cabos» para detener y pegar al «Turco» , se enfrentan a tres penas de prisión permanente revisable por los asesinatos, cinco años por la detención ilegal del varón muerto, y dos años y medio por tenencia ilícita de armas.

Para la madre del «Pollino», Josefina H.P., la Fiscalía pide siete años y medio por tres delitos de encubrimiento en la actuación de su hijo, su marido y su nuera. Mientras para Manuela M.O., la encargada de contactar con David y José Antonio, tres años por la detención ilegal del «Turco» y 16 años de cárcel como cómplice del asesinato de éste.