Una de las acusadas del triple crimen de Cerro Blanco pide su libertad por el coronavirus

No obstante, esta petición, como las otras realizadas por su defensa hasta el momento desde que entrara en prisión provisional en septiembre del año pasado, no ha prosperado. Para la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla el estado de alarma no es causa suficiente y bastante para modificar al situación de privación de libertad de Manuela.

Hasta septiembre del pasado año, como se ha dicho, esta acusada disfrutaba de la libertad provisional, hasta que la juez decisión enviarla a prisión. Para la defensa, según el escrito presentado a finales del pasado mes de marzo y al que ha tenido acceso este periódico, la situación actual, provocada por el estado de alarma , debe suponer que se modifique su situación personal.

Así, señala que a la vista del Real Decreto de 14 de marzo en el que declara el estado de alarma por el Gobierno de la nación y «del cierre de fronteras españolas y de la Unión Europa decretado el día 21 de marzo, el riesgo de que la acusada pueda eludir la acción de la Justicia queda completamente desvirtuado. No hay riesgo de fuga , según la defensa.

Cabe precisar que el Gobierno sólo permite el acceso a nuestra país a españoles o residentes en España , en la Unión Europea y en países asociados al espacio Schengen que acrediten que están retornando a su lugar de residencia. Aunque hay más excepciones.

Según la defensa, la medida de prisión provisional no puede entenderse como el cumplimiento de una pena anticipada , sino que debe perseguir una de las finalidades concretas prevista por nuestro legislador como es una posible acción para eludir la Justicia. Insiste, el abogado de Manuela en que con el estado de alarma esta situación de privación de libertad ha perdido su finalidad.

La limitación de circulación establecida en el estado de alarma, unida al cierre de fronteras , aunque no total, elimina el riesgo de fuga.

Además, añade que en el centro penitenciario donde se encuentra interna, en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, «resulta imposible evitar el contacto entre los internos, pues hay dependencias, como es el comedor o las celdas, que son comunes, y por consiguiente, no podemos desconocer que un investigado en situación de prisión provisional tiene muchas más posibilidades de contraer el virus por contagio que si estuviera en su domicilio como recomiendan los expertos sanitarios, y como ha ordenado nuestro Gobierno».

No obstante, aclara que con esto no quiere decir que «todos los presos deban salir a la calle por la pandemia, pero sí queremos intentar hacer ver, o comprender, al tribunal, que cuando la prisión provisional no es absolutamente imprescindible, cuando no es totalmente necesaria, cuando las circunstancias personales del investigado demuestran la inexistencia de riesgo de fuga, y en definitiva, cuando podemos tener la seguridad de que el investigado va a estar a disposición judicial, consideramos que en estos casos debe primar la salud del investigado antes que una prisión provisional innecesaria».

La defensa ofrecía en su escrito la prestación de una fianza justa y adelantaba la voluntad de cumplir con todas las presentaciones judiciales que se considere justa, así como con cualquier otra medida cautelar que se le imponga.

En su solicitud, el abogado de Manuela subrayaba que la prisión preventiva es una medida excepcional sobre personas que son «inocentes a día de hoy» para evitar el riesgo de fuga, algo que hoy está conseguido con el estado de alarma.

Y por último, la defensa en el que es otro nueva solicitud de libertad reitera que no hay indicios que relacionen a Manuela con la detención y muerte del «Turco».

La Audiencia, en el auto que rechaza la libertad de Manuela, recuerda los argumentos ya expuestos en otras resoluciones anteriores: «En el presente caso se cuenta la existencia de unos hechos con apariencia delictiva muy graves». Las peticiones de las penas de prisión solicitadas y la gravedad de los hechos implican un riesgo muy alto de fuga para el caso de decretarse su libertad provisional. Además, reitera que los indicios que pesan sobre ella «no son baladí» .

Tanto las circunstancias como los indicios tenidos en cuenta para mantener la situación de prisión provisional comunicada e incondicional «se mantienen incólumes, sin que el estado de alerta que afecta a toda la nación sea causa suficiente y bastante para modificar dicha situación personal, ya que, conforme se están desarrollando los acontecimientos en relación con la pandemia que nos afecta, el juicio se retrasará apenas un mes ».

El juicio con jurado estaba previsto que se iniciase el 4 de mayo, aunque en el auto el presidente del tribunal ya adelanta que el juicio podría retrasarse un mes. En el banquillo de los acusados se sentarán además de Manuela M.O., con un amplio historial delictivo, otras seis personas, acusadas del triple crimen.

Éstos son Ricardo G.H., conocido como el «Pollino», quien confesó los hechos inicialmente cuando fue detenido en octubre de 2017; el padre de éste, Ricardo G.G., alias «el Cabo»; su madre, Joaquina H.J. ; su mujer, Elisa F.M.; David H.P. y su amigo José Antonio M.B.

La Fiscalía pide prisión permanente revisable para cinco de ellos, 19 años para Manuela y siete y medio para la madre del «Pollino», la úncia que sigue en la calle de forma provisional. Las acusaciones particulares elevan las peticiones de pena hasta la prisión permanente revisable para todo.