Los denunciantes del caso de la Pará de Gines lamentan que la causa «lleva más de dos años paralizada»

En un escrito presentado al juzgado el pasado 2 de abril, el grupo denunciante recuerda que «hace más de dos años que las actuaciones se encuentran paralizadas y, a fin de evitar más demoras en el procedimiento, se recaba el auxilio judicial a los a los efectos de que se proceda a darle a la presente causa el impulso procesal que precisan las actuaciones».

A tal efecto, Imagines rememora que «este impulso se ha solicitado ya en febrero de 2023, sin tener noticias de que haya sido proveído, como el resto de escritos presentados», insistiendo en solicitar que «se acuerde dar a los presentes autos el impulso procesal necesario y que legalmente corresponde».

En octubre de 2021, la Fiscalía solicitó al juez José Ignacio Vilaplana, encargado de la investigación, que archivase las diligencias que habían empezado a llevarse a cabo en esta causa contra el entonces presidente de la Diputación, el socialista Fernando Rodríguez Villalobo a cuenta de las subvenciones excepcionales de la institución provincial para la Pará de Gines, así como a los demás afectados.

Se trata de tres subvenciones por importe de 6.000 euros en cada uno de los casos, más otra por valor de 4.000 euros, todas ellas concedidas de manera «directa, sin concurrencia ni convocatoria pública», a las que se suma una más concedida por «convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva», según el juez.

Tales subvenciones excepcionales para este evento anual han sido calificadas como «mecanismo arbitrario de concesión de las ayudas, prescindiendo de los principios y del procedimiento legalmente procedentes», ya que carecerían de documentación desde la Presidencia, como la delegación de competencias de la entidad para la concesión de ayudas directas conforme al reglamento de la institución o una declaración expresa explicando el carácter excepcional de la subvención.

A la hora de comparecer como investigado ante el juez, que considera que la concesión «directa» de las ayudas indagadas fue fruto de «la sola voluntad» del entonces presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos; este último defendía que firmaba unas 7.000 resoluciones al año respecto a la actividad de una institución cuyo presupuesto anual supera los 400 millones de euros, con lo que él no profundizaba en cada uno de los expedientes.