Arahal toma la iniciativa en la reclamación de la compensación por la base aérea de Morón

El alcalde de la localidad, Paco Brenes, y el primer teniente de alcalde, Alberto Sanromán, se reunieron recientemente con la diputada del PP por Sevilla, María Soledad Cruz-Guzmán, en el Congreso durante el viaje que realizaron a Madrid para presentar un proyecto turístico en Fitur. En esta iniciativa parlamentaria que presentará el PP, preguntarán a la ministra por qué en septiembre de 2024 pidió a los ayuntamientos afectados un proyecto con memoria detallada sobre la finalidad del pago, así como de los servicios prestados, para que sirviera de justificación al cambio propuesto por el Gobierno de considerar este dinero subvención y no compensación.

Por medio de un correo electrónico, desde el Ayuntamiento de Arahal solicitaron una explicación al respecto de esta decisión gubernamental de convertir la compensación en subvención ya que los ayuntamiento no habían recibido nueva comunicación sobre esta posibilidad.

En respuesta a dicho correo, desde la Subdirección General de Gestión de Financiación Local de la Vicepresidencia del Gobierno, comunicaron que «la convocatoria de subvenciones de concesión directa para la financiación de actuaciones realizadas en los municipios afectados por la existencia de bases militares, en virtud del Convenio para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, no pudo tramitarse debido a que el proyecto del Real Decreto no tuvo el informe favorable preceptivo de la Abogacía del Estado». Por lo que los ayuntamientos perderían esta aportación económica.

Para evitarlo, los responsables del Ayuntamiento de Arahal además se están poniendo en contacto con los alcaldes de los nueve municipios sevillanos bajo la influencia de estas instalaciones militares, además de esta localidad, son Morón de la Frontera, Utrera, Alcalá de Guadaíra, Los Molares, El Coronil, Montellano, Carmona y Paradas. El objetivo es presentar una moción plenaria en cada uno de ellos instando al Gobierno para que ingrese al menos la misma cantidad que en años anteriores.

El alcalde de Arahal considera que la ministra «ha engañado a los ayuntamientos de la provincia quitándoles el dinero que les pertenece». El anterior método utilizado por el Gobierno, la compensación, suponía la asignación de unos fondos para libre disposición de los ayuntamientos que lo recibían.

El nuevo sistema de subvenciones que imponen es finalista pero «este sistema, como nos han comunicado, lo ha tumbado la Abogacía General del Estado con un informe desfavorable por lo que la ministra ha estado entreteniendo a los ayuntamientos sabiendo que el cambio en la compensación no era posible», apunta Alberto Sanromán.

Los ayuntamientos reciben estas compensaciones desde 2004, gracias a la publicación de un Real Decreto de 5 de marzo de este año en el que se prevé la concesión de beneficios fiscales en tributos locales, así como se recogen los supuestos en los que procede compensación por la correspondiente pérdida de recaudación de impuestos en estos municipios. El decreto reconoce la asignación de partidas presupuestarias dentro de las Leyes de los Presupuestos Generales del Estado.

La base aérea de Morón está íntegramente en término municipal de Arahal, sus 14.053,059 metros cuadrados ocupan un 7,01 por ciento del total de su superficie. Esta es la razón por la que la localidad ha recibido de la Administración General del Estado una compensación en concepto de las exenciones del Impuesto de Circulación de Vehículos, es decir, de los impuestos que no recaudan. En 2023 el municipio obtuvo una compensación de 676.153 euros, es decir, el 39,77 por ciento del total retribuido al resto de pueblos afectados por el emplazamiento de la base aérea dentro de su término municipal y el 22,51 por ciento de la partida presupuestaria destinada a la totalidad de localidades directa o indirectamente afectadas.

En septiembre de 2024, la directora general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, solicita al Ayuntamiento arahalense una memoria descriptiva en el que se deben concretar los servicios o actuaciones municipales de prestación obligatoria que están sufriendo un sobrecoste debido al uso del personal militar y civil de la base y sus familias. El informe concluye que este sobrecoste asciende a 1.120.437,50 euros.