La tránsfuga de Valencina de la Concepción no paga e inician el proceso de embargo

La decisión del que fuera alcalde de Valencina, el socialista Antonio Manuel Suárez, de nombrar a Susana Martín delegada municipal fue «nula de pleno derecho». Fue la conclusión del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número diez de Sevilla. La primera consecuencia era que dicha concejal tránsfuga debería devolver todo el dinero cobrado indebidamente durante dos años y medio, más de 50.000 euros.

Un empate a 1.580 votos entre PP y PSOE fue el resultados de las urnas en las elecciones municipales de mayo de 2019. Esta situación se resolvió con una moneda al aire. El candidato popular y actual alcalde, Ramón Peña, consiguió el último concejal en disputa. La configuración del pleno quedaba en seis ediles para PP, cinco para PSOE, uno Ciudadanos y otro Adelante Andalucía. Las direcciones de PP y Ciudadanos pactaron el gobierno municipal pero Susana Martín, en contra de lo acordado, le dio su apoyo al candidato socialista, hoy asesor en la Diputación de Sevilla.

Desde las filas populares siempre mantuvieron que esta actuación de la edil de la formación naranja fue un «acto de transfuguismo político». Martín fue expulsada del partido y pasó a ser concejal no adscrita y «tránsfuga». Por tanto, la ley establece que «no es posible ser nombrada para el desempeño de cargos de responsabilidad municipal que impliquen atribuciones de gobierno o delegaciones, ni tampoco percibir retribuciones por el desempeño de dichos cargos».

Pero el alcalde socialista, el 9 de julio de 2019, la nombró cuarta teniente de alcalde y delegada de Juventud, Participación Ciudadana y Transparencia, por lo que Martín pasaba a un régimen de dedicación parcial al 75 por ciento y con derecho a un salario como concejal delegada de 23.800 brutos al año. El PP, entonces en la oposición, llevó a los tribunales esta situación después de que el pleno municipal, tras varias advertencias del secretario y del interventor sobre este nombramiento, anulara la resolución de dicho nombramiento. Aunque no se le obligaba a Martín a devolver el dinero.

En una sentencia del pasado mes de septiembre, el juez concluía que «la concejal sí propició con su actuación la existencia del acto (su nombramiento como delegada) que fue declarado nulo y los efectos de la nulidad debe ser desde que se adoptó el acuerdo que fue declarado nulo», esto es, desde julio de 2019 hasta enero de 2022. Además, el juez impone las costas al Ayuntamiento, que fija en 600 euros.

Desde entonces poco o nada se ha avanzado. La concejal tránsfuga no ha devuelto el dinero cobrado indebidamente. Con fecha de 29 de enero, la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento dictaba un oficio en el que daba cuenta de las actuaciones realizadas para ejecutar la sentencia de lo Contencioso-administrativo y que, ante la imposibilidad de recuperar el dinero, ha puesto en conocimiento de juez para que autorice la ejecución forzosa de la sentencia. El siguiente paso sería instar a la Tesorería municipal a iniciar la vía ejecutivo del cobro de la deuda, el embargo.

En dicho oficio, al que ha tenido acceso este periódico, se detalla que el 24 de noviembre del año pasado se remitió escrito a Susana Martín en el que se le informaba que en ejecución de la sentencia se ordena la devolución de la cantidad de 43.886,46 euros en la cuenta titularidad del Ayuntamiento.

Este escrito fue notificado cinco días después, sin que haya procedido a dicho reintegro. El 30 de noviembre se solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social la devolución de las cotizaciones realizadas por esta concejal, que se encontraba en régimen de dedicación parcial, habiendo recibido ya el Ayuntamiento el ingreso de las citadas cantidades junto con la parte referida a la cuota del trabajador: 14.289 euros.

Por último, se indica en dicho oficio que habiendo transcurrido dos meses de que la concejal tránsfuga recibió la notificación con las cantidades a devolver «se insta a la Tesorería municipal a iniciar la vía ejecutiva», toda vez que el juez acuerde la ejecución forzosa de la sentencia.