El pleno municipal exige cambios en la gestión de San Isidoro del Campo

La convocatoria de dicho pleno era uno de los objetivos de las mesas de trabajo lideradas por la asociación Amigos del Monasterio de San Isidoro del Campo-Centuria Romana de Santiponce, de las que se han celebrado cuatro ediciones y en las que participan también distintas entidades defensoras del patrimonio y partidos políticos.

Entre las reivindicaciones aprobadas en la sesión plenaria, se insta al propio Ayuntamiento a «implicarse en la rehabilitación del monumento» y a «realizar una campaña de concienciación a nivel local» de su estado. Por su parte, se pide a la Diputación «la redacción del proyecto, a instancias del Ayuntamiento de Santiponce, para su presentación al Ministerio de Fomento solicitando el 1,5% cultural».

De otra parte, todos grupos políticos representados en el pleno municipal exigen a la Junta de Andalucía, encargada de la gestión del monumento, un «informe técnico sobre la situación del edificio », tanto del ala clausurada como de la que está abierta al público, un «proyecto de rehabilitación integral» y el aumento de inversiones y personal para el mantenimiento y la gestión de las visitas . Además, piden «autorización para poder visitar y comprobar el estado del monumento» , una solicitud que ya le fue negada a la asociación de Amigos del Monasterio alegando problemas de seguridad.

Por último, se insta a las tres administraciones a crear una comisión de seguimiento que se reúna con regularidad y esté compuesta por un representante de cada una de ellas, además de un concejal de cada grupo político del Consistorio y un miembro de la asociación.

«Debemos estar unidos para que se le dé al monasterio el valor que se merece», insistía José López, el exalcalde poncino de IU, una afirmación que apoyaron el resto de representantes políticos. Por su parte, la alcaldesa socialista, Carolina Casanova, reprochaba que, tanto Itálica como el monasterio de San Isidoro, sufren el «abandono» y la «falta de inversiones de la Junta de Andalucía» , lo que supone «un problema global para el municipio, que necesita sus bienes culturales como motor económico».