Un informe pericial confirma un cúmulo de irregularidades en la feria «La Pará» de Gines

Durante una década, entre 2007 y 2016, la organización de La Pará de Gines por parte del Ayuntamiento de esta localidad gobernada por Romualdo Garrido (PSOE) , se realizó sin ninguna regulación legal, tal y como confirma un informe pericial entregado al magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana , que indaga en el supuesto desvío de fondos públicos que se habría producido en un evento que mueve cada año miles de euros. En el montaje de feria más concurrida del Aljarafe sevillano no había un solo papel en regla, según los investigadores.

El análisis, que está firmado por el jefe del Servicio de Auxilio Judicial y la interventora permanente en la Intervención General de la Junta de Andalucía, estima en 123.948 euros el importe de los daños ocasionados a la Hacienda local, según consta en la liquidación hasta 2016. Los peritos han tenido que elaborar su estudio con documentación incompleta. La Guardia Civil cifró el fraude en 859.459 euros , de los que 498.180 euros corresponden únicamente a tasas municipales que nunca llegaron abonarse.

Durante una década, el Ayuntamiento permitió «la utilización privativa del espacio público destinado a la explotación del ambigú» de 525 metros cuadrados por parte de la Hermandad del Rocío de Gines sin liquidar ni recaudar tasa alguna . Tampoco cobraba tributos por el uso de expositores comerciales ni de los 200 boxes y corraletas destinadas a los animales.

El informe encargado por el juez concluye que la organización de La Pará « no puede considerarse ajustada al ordenamiento jurídico » y se hizo «sin un adecuado respaldo legal», sino mediante acuerdos particulares, que «ni siquiera llegaron a formalizarse en convenios, que impliquen un trato privilegiado a determinadas entidades o ciudadanos, por cuanto por su propia naturaleza excepcionan el principio de igualdad ante la ley».

La Hermandad, entidad sin ánimo de lucro y declarada de interés público por el Consistorio, explotaba el ambigú «pese a no existir un convenio suscrito con dicha entidad que lo acredite». Los peritos recuerdan que el teórico objetivo era obtener ingresos para «colaborar con la importante labor social que desarrolla la Hermandad del Rocío de Gines con los colectivos más desfavorecidos», pero este «fin colaborativo común» lo que difiere de los «contratos onerosos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público», puntualizan.

Tras estudiar libros de cuentas presentados por la hermandad entre 2011 y 2017, la Guardia Civil concluyó que «gracias a los beneficios obtenidos con el ambigú de la carpa de La Pará consiguen financiar otras actividades de carácter lúdico» que realiza cada año. Gran parte de los fondos se gastaron en «la peregrinación a la Aldea del Rocío» durante la romería, que «siempre ha sido muy deficitaria», a excepción del año 2014, advirtieron los investigadores.

Los peritos, que analizan aspectos formales o técnicos de la gestión municipal, destacan que las contrataciones «se realizaron con fraccionamiento irregular» y se vulneraron los principios de publicidad, concurrencia y objetividad exigidos por la ley. «Al no soportar el correspondiente expediente administrativo y procedimiento establecido», tales contratos serían nulos de pleno derecho, sostienen.

En esta causa están investigados ocho exconcejales de anteriores equipos de gobierno socialistas del Ayuntamiento de Gines, además del actual regidor Romualdo Garrido y su antecesor en el cargo Manuel Camino Payán, ambos del mismo partido.

El juez considera que pudieron incurrir en delitos de prevaricación administrativa y urbanística , malversación, fraude y exacciones ilegales, falsedad documental y tráfico de influencias. También están encausados cuatros hermanos mayores del Rocío desde 2007 a 2017, Alfonso Melo, Agustín Guerra, José María Villadiego y Antonio María Palomar, además de dos empresarios contratados «a dedo» para el montaje de distintas instalaciones en este multitudinario evento.