Un hermano del exalcalde de Gines explotó gratis un bar municipal durante 16 años

En un atestado remitido al juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, la Guardia Civil relata que Agustín Camino, que también está imputado en la causa, ha estado gestionando el establecimiento de la casa municipal de servicios sociales « sin pagar casi la totalidad del canon desde el año 2000 al 2016 » estipulado en los contratos suscritos con el Ayuntamiento para la explotación del mismo.

En realidad sólo abonó el canon de 2003 y parte de 2004 . «Jamás en ninguna ocasión de los 16 años ha abonado nada por los suministros de agua y luz, los cuales siempre han corrido a cargo del centro social municipal, también con el consiguiente menoscabo de los fondos».

El informe del Equipo de Delincuencia Económica de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla al que ha tenido acceso ABC, atribuye al familiar de Camino Payán y empresario un delito de apropiación indebida y destaca que se hizo cargo del negocio durante nueve años «sin expediente de contratación, sin adjudicación alguna». Hubo, a su juicio, una «falta absoluta de procedimiento que legitime» tal gestión.

En estas diligencias previas figuran también como investigados el anterior interventor del Ayuntamiento de Gines , Ignacio H. F., y la actual secretaria municipal, María del Carmen G. S., al considerar que hubo una «connivencia clara» entre cargos públicos y funcionarios del Consistorio.

En el informe en el que se basa la magistrada para llamar a declarar al hermano del exalcalde y a otros cuatro cargos y funcionarios municipales, los agentes apuntan posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos .

La investigación se inició a raíz de una denuncia que el grupo municipal Imagines registró en el juzgado de guardia de Sevilla el pasado 28 de marzo. En su escrito, que iba acompañado del expediente administrativo de la concesión del bar La Oficina correspondiente al año 2007, Imagines ponía de manifiesto que «el anterior alcalde y hermano del adjudicatario, Manuel Camino Payán, ha adoptado una resolución injusta y sin competencia para ello, a sabiendas y ha consentido dicha situación desde 2007 hasta diciembre de 2015) con el objetivo de beneficiar claramente a su hermano , que ha permanecido en dicho local hasta el 8 de julio de 2016».

Esta decisión arbitraria, que se vio prolongada en el tiempo por una «prórroga tácita ilegal» —según el informe policial— habría causado un perjuicio económico al Ayuntamiento de Gines y a sus vecinos, según estima Imagines, por los 1.200 euros anuales que debía haber ingresado en concepto de canon desde enero de 2008 (cuando expiró el contrato en vigor) hasta julio de 2016, cuando abandonó la gestión del bar. El quebranto no contabiliza los recibos de agua y luz que no ha pagado durante 16 años, un gasto que no puede cuantificarse.

En un detallado informe que forma parte del sumario, la Guardia Civil ve indicios de prevaricación y de otro delito continuado de malversación y menoscabo de fondos públicos en la actuación de Romualdo Garrido Sánchez (PSOE), que accedió a la Alcaldía de Gines en enero de 2016 tras la dimisión de Manuel Camino por «motivos personales».

Los investigadores sostienen que durante el mandato Garrido «no se realiza ningún tipo de inspección administrativa por parte de la Policía Local , hasta que el 4 de julio de 2016, se solicita información». Hasta cuatro días después, «obligado por la denuncia que se iba a presentar posteriormente», no ordena el cese de la actividad del hermano del alcalde al que había relevado, siendo ambos del mismo partido político.

«Tampoco durante su mandato se le requiere ni se denuncia que se le cobren los suministros de agua ni luz, como se especifica en el contrato de adjudicación », que son abonados por el centro municipal donde está ubicado el bar.

Para remate, a juicio de la Guardia Civil, mediante una resolución del 5 de septiembre de 2016, ordena el fraccionamiento del canon «sin adjudicación previa» de la explotación del bar, de los años 2015 a 2016, «todo ello para intentar aparentar un control dentro de una situación descontrolada de dicho bar», añade.

En lo que respecta a Manuel Camino Payán, alcalde desde 2007 hasta diciembre de 2015, el informe en el que la instructora ha fundamentado sus acusaciones argumenta que ordenó por «decreto» a los pocos meses de llegar a la Alcaldía la adjudicación del citado bar a su hermano .

La secretaria del Ayuntamiento reconoció a los agentes que existió un decreto de delegación de competencias en su teniente de alcalde para realizar el encargo, pero que éste no es efectivo. Los investigadores creen que lo único que persigue con el decreto es «maquillar dicha adjudicación directa entre hermanos» . Durante su mandato, no se cobran ni las tasas municipales ni los recibos de servicios básicos y se prorrogó «de una forma tácita» el anterior contrato desde 2010 a 2012.