La Fiscalía pide expedientes e informes sobre el geriátrico Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache

En concreto, y en escrito registrado el pasado 19 de junio y recogido por Europa Press, el Ministerio Público se adhiere al recurso de apelación de Adelante, con destino a la Audiencia provincial, en demanda de que el juzgado de Instrucción número 7 pida a la Consejería de Salud «los expedientes administrativos e informes que se hayan realizado » con relación a dicho centro de personas mayores y «nuevo informe» en el caso de que no mediase uno previo.

La denuncia de Adelante, como se informó en su momento, está dirigida en concreto contra el director de la citada residencia, Enrique Rodríguez; la delegada territorial de la Consejería de alud y Familias en Sevilla, Regina Serrano; el director general de Cuidados Socio Sanitarios de la Consejería, José Repiso Torres; y el titular de dicho departamento autonómico, Jesús Aguirre, a quienes Adelante atribuye los supuestos delitos, bajo la premisa de que « desoyeron las medidas adoptadas por la Administración Central con relación a las residencias socio sanitarias» y que los contagios y fallecimientos de ancianos de dicho centro sería «consecuencia directa» de ello.

No obstante, y a través de un auto emitido el pasado 24 de abril y recogido por Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ordena archivar las actuaciones , considerando que «no es acertado entender que al no haberse tomado las medidas contenidas en las normas dictadas por el Gobierno Central se produjeron los fallecimientos en la residencia».

« No parece que sea achacable en exclusiva a la Administración autonómica o al director de la residencia la falta de material sanitario para hacer frente a la pandemia y, de otro, la información al público también se cumplió como lo reconoce la denunciante al aludir a una comparecencia de fecha 6 de abril donde se habló a nivel publico del asunto de la residencia de San Juan», expone el juez con relación a las declaraciones del consejero de Salud tras denunciar la familia de una de las residentes de dicho geriátrico que muchos de los ancianos del mismo habían fallecido víctimas de la pandemia y que la situación del centro era tratada «como un secreto de estado».

«Llegará el momento de exigir responsabilidades políticas y porque no, penales, si hay pruebas bastantes de la conexión entre tales decisiones y las fatales consecuencias, pero para el caso presente que se ha denunciado se entiende que no hay indicios fundados de responsabilidad penal», zanja el juez ordenando el archivo del procedimiento.

Frente a ello, el grupo de Adelante en el Parlamento andaluz, a través de Luis de los Santos como abogado del mismo, ha interpuesto un recurso de apelación defendiendo que «no se ha llevado a cabo una investigación suficiente para esclarecer los hechos denunciados, existiendo importantes lagunas que conviene aclarar antes de declarar que no existe ilícito penal».

«Las declaraciones en distintos medios de comunicación tanto de sindicatos del centro, trabajadores y familiares de los residentes, que aseguran que no se han cumplido los protocolos previstos, deberían investigarse para determinar si las muertes de 24 personas (actualmente 39 muertos según distintos medios de comunicación) están provocadas por negligencia de la dirección del centro y/o de la autoridad sanitaria de la Junta de Andalucía, u otras que pudieran determinarse», expone Adelante en este recurso recogido por Europa Press.

«Sin dicha investigación no será posible determinar si ha existido un nexo causal entre la muerte y la acción o inacción, tanto de las autoridades como de los responsables de la residencia que tenían el deber de cuidado de las personas fallecidas, en orden a investigar los posibles delitos de homicidio y lesiones», agrega la coalición de izquierdas, reclamando revocar el archivo de las actuaciones y la continuidad de las mismas, con aspectos como la comparecencia como investigados del director del geriátrico y de su equipo directivo, petición que extiende a la delegada territorial de Salud y al director general de Cuidados Socio Sanitarios de la Junta.