Explotación laboral en Sanlúcar: hacinados en un cuarto sin agua y sin luz a cambio de 25 euros el saco de patatas

En los primeros días de 2021 la Guardia Civil y la Policía Nacional informaban de una operación, en colaboración la Policía Rumana, desarrollada en Sanlúcar la Mayor en la que habían detenido a ocho personas de origen rumano de una misma familia por captar a compatriotas bajo la promesa de un trabajo digno en España y de unas condiciones de vida prósperas. Nada más lejos de la realidad, pues eran sometidos a durísimas condiciones laborales.

Tras una exhaustiva investigación, los agentes comprobaron que los investigados pertenecían a una organización criminal formada por una familia de nacionalidad rumana perfectamente estructurada. Los miembros de la organización además adoptaban medidas de vigilancia, aislando por completo a las víctimas no permitiendo que contactaran con sus familiares o salir del domicilio solos.

En el marco de la operación Flowerpot–Litter, los agentes llevaron a cabo dos registros simultáneos en Sanlúcar la Mayor, procediendo a la detención de ocho personas y consiguiendo la liberación de otras diez que se encontraban hacinadas sobre colchones y mantas sucios dispuestos sobre el suelo, careciendo de electricidad y agua caliente. Entre las personas liberadas se encontraba una menor de 15 años en estado de gestación bastante avanzado .

De los ocho detenidos, en el banquillo de los acusados sólo se sentarán cuatro, el matrimonio y sus dos hijos mayores, pues uno menor de edad está siendo investigado en otro proceso abierto en la Fiscalía de Menores de Sevill a .

Según la Fiscalía, el matrimonio y sus hijos, desde mediados de 2019, como pronto, se venían dedicando de forma organizada, funcional y jerárquica a captar dentro del territorio nacional a compatriotas bajo la falsa promesa de un trabajo digno, con el único fin real de explotarles laboralmente.

El clan era dirigido por el padre, quien se ayudaba de su mujer en las labores de dirección y control doméstico, y se valía de sus hijos para los traslados de las víctimas y su custodia .

A principios de 2020, desde Rumanía llegaron a España un grupo de personas buscando un futuro laboral mejor. Llegaron a u n pueblo de Zamora , donde «malvivían en condiciones insalubres, hacinados en un inmueble que no contaba con luz ni agua y sin percibir saluda alguno por los trabajos». Estos hechos se investigan en juzgado de Zamora.

Hasta estas tierras, según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, se desplazó el principal acusado y, aprovechando la desesperación de sus compatriotas, así como los limitados conocimientos o discapacidad mental, en algunos casos, les prometió «trabajo en el campo, bien remunerado y con un alojamiento digno» .

Las víctimas, cinco de ellas pertenecientes a una misma familia, «creyeron firmemente» al acusado. Aceptaron la oferta y fueron recogidos en Zamora entre abril y mayo de 2020 por tres de los acusados. De allí a Sanlúcar la Mayor . Quedaron alojados todos en una única habitación de una planta superior de la casa donde vivían los investigados. « Cinco colchones en el suelo, una ventana con reja pero sin cristal, sin luz, ni agua y en deficientes condiciones de salubridad ». Es la descripción que hace la Fiscalía del cuarto donde iban a vivir las víctimas.

Una vez en Sevilla, el cabecilla del clan familiar les explicó a los trabajadores que cobrarían 25 euros por cada saco de patatas , al tiempo que les requirió su documentación personal con la excusa de tramitarles los papeles para poder regularizar su situación laboral. A cambio de estos trámites les requería 530 euros. Ahí comenzaba la deuda de las víctimas con su presunto explotador, al que también tenían que entregar sus móviles.

La jornada laboral iban desde las ocho de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde, con un breve descanso para el bocadillo . Los trabajadores, encima, tenían que asumir cinco euros de gasolina por el viaje a la finca agraria. Si los coches sufrían alguna avería, también tenían que asumir el coste del arreglo.

Cuando llegaban a la finca, el patriarca del clan familiar, según explica la Fiscalía, tras hablar con el encargado de la misma, repartía las tareas, auxiliado en las labores de control por su mujer y e hijos. Se dirigían a los trabajadores con gritos e increpándoles con expresiones como «vagos, piojosos, cerdos, etc.». A los acusados no les importaba que una de las víctimas, menor de edad, estuviera embarazada . La obligaron a trabajar hasta el último momento.

Lejos de cobrar un salario, « lo máximo que llegaron a percibir las víctimas fueron diez o quince euros » a la semana y con esto tenían que buscarse la comida. Al final, en alguna ocasión terminaban rebuscando en los contenedores. Mientras su deuda con el clan iba en aumento, lo que provocaba que no pudieran abandonar España de vuelta a su país.

El control sobre los trabajadores era absoluto, tanto en la casa como en la calle. Tenían que pedir permiso para usar el baño o la cocina, o para salir a la calle . Así hasta diciembre de 2020. Entonces, los trabajadores se dividieron en dos casas, pero bajo las mismas condiciones de insalubridad y de supervisión. El día 23 de ese mes, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil procedieron al registro de los dos domicilios, consiguiendo liberar a las víctimas y detener a los acusados, tres de ellos ingresaron en prisión provisional hasta la fecha.

Para la Fiscalía, estos hechos constituyen diez delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, subtipo agravado por pertenencia a organización criminal en concurso medial de un delito explotación laboral. Solicita para cada uno de los cuatro acusados once años por cada uno de los diez delitos , siendo de aplicación el límite máximo de cumplimiento efectivo de condena de veinte años . Además, pide quince años de alejamiento e incomunicación con las víctimas.