El alcalde echa la culpa a los funcionarios de las irregularidades en el montaje de «La Pará» de Gines

Garrido estaba citado este miércoles a declarar junto a José María Guerrero, exedil de IU; María José Posada, actual delegada municipal de Políticas del Mayor en el equipo de gobierno de Garrido; y la exconcejal socialista Candelaria Pérez. Según ha podido conocer este periódico por fuentes del caso, el primer edil socialista ha asegurado que «no movía un dedo» sin el consentimiento del que fuera interventor municipal del Ayuntamiento, Ignacio Herrera, que también está acusado en este procedimiento.

Su tesis exculpatoria se centra en descargar toda la responsabilidad en la gestión administrativa de la organización de «La Pará» en Herrera y María del Carmen González, que era la secretaria general. Ha insistido en que él no tiene formación técnica para cierto tipo de decisiones relacionadas con la organización de la feria: «Soy hijo un de vaquero» .

Según los atestados de la Guardia Civil y el informe pericial del jefe del Servicio de Auxilio Judicial y la interventora permanente en la Intervención General de la Junta de Andalucía , durante una década, entre 2007 y 2016, la organización de esta feria por parte del Ayuntamiento se realizó sin ninguna regulación legal .

En el montaje de feria más concurrida del Aljarafe sevillano no había un solo papel en regla: Trabajos y compras realizados sin ninguna documentación, facturas sin firma del funcionario municipal, gastos sin justificar, recibos de premios en metálico «sin efectuar la preceptiva retención del IRPF», adjudicaciones a dedo , documentos contables de espectáculos y suministros sin fecha ni número, pagos en negro (sin IVA) , contratos fraccionados para sortear el obligatorio concurso público...

El que fuera arquitecto municipal tampoco se ha librado de las culpas que ha repartido este miércoles el alcalde durante su declaración. El alcalde ha manifestado que las decisiones técnicas eran aprobadas por la junta de gobierno local y si los técnicos municipales no le decían nada es que «éstas eran legales» .

En la conciencia de que todo era legal trabajaban los miembros de la junta de gobierno local, según han declarado los concejales acusados. Garrido, que antes de acceder a la Alcaldía fue concejal de Festejos del Ayuntamiento, ha afirmado este miércoles ante el juez instructor que él continuó con el procedimiento habitual en la organización de «La Pará». No fue hasta 2016, con la entrada en vigor de la Ley de Procedimiento Administrativo , cuando tuvo que implantarse un forma de proceder en base a esta normativa.

El informe pericial de los funcionarios de la Junta estima en 123.948 euros el importe de los daños ocasionados a la Hacienda local, según consta en la liquidación hasta 2016. Los peritos han tenido que elaborar su estudio con documentación incompleta. Sin embargo, la Guardia Civil cifró el fraude en 859.459 euros , de los que 498.180 euros corresponden únicamente a tasas municipales que nunca llegaron abonarse.

Durante la década investigada, el Ayuntamiento permitió «la utilización privativa del espacio público destinado a la explotación del ambigú » de 525 metros cuadrados por parte de la Hermandad del Rocío de Gines sin liquidar ni recaudar tasa alguna. Tampoco cobraba tributos por el uso de expositores comerciales ni de los 200 boxes y corraletas destinadas a los animales.

El informe pericial encargado por el juez concluye que la organización de «La Pará» no puede considerarse ajustada al ordenamiento jurídico y se hizo «sin un adecuado respaldo legal» , sino mediante acuerdos particulares, que «ni siquiera llegaron a formalizarse en convenios, que impliquen un trato privilegiado a determinadas entidades o ciudadanos, por cuanto por su propia naturaleza excepcionan el principio de igualdad ante la ley».

La Hermandad explotaba el ambigú «pese a no existir un convenio suscrito con dicha entidad que lo acredite» con el fin de recaudar ingresos para la labor social de la corporación rociera . Sin embargo, tras estudiar libros de cuentas de la Hermandad entre 2011 y 2017, la Guardia Civil concluyó que «gracias a los beneficios obtenidos con el ambigú consiguen financiar otras actividades de carácter lúdico que realiza cada año. Gran parte de los fondos se gastaron en «la peregrinación a la Aldea del Rocío» durante la romería, que «siempre ha sido muy deficitaria», a excepción del año 2014.

En esta causa están investigados ocho exconcejales de anteriores equipos de gobierno socialistas del Ayuntamiento de Gines, además del actual regidor Romualdo Garrido y su antecesor en el cargo Manuel Camino Payán , ambos del mismo partido.

El juez considera que pudieron incurrir en delitos de prevaricación administrativa y urbanística, malversación, fraude y exacciones ilegales, falsedad documental y tráfico de influencias . También están encausados cuatros hermanos mayores del Rocío desde 2007 a 2017, Alfonso Melo, Agustín Guerra, José María Villadiego y Antonio María Palomar, que tendrán que declarar en las próximas semanas.