Abren diligencias por la presunta compra de votos del PSOE en Huévar del Aljarafe

En octubre de 2019 este periódico destapó la supuesta compra de votos por parte del PSOE en este municipio, después de que la alcaldesa descubriera en el Ayuntamiento, por la circunstancial rotura de la trituradora de papeles , los documentos del conocido como «Plan 1.000».

La primera edil y el PP no tardaron en llevar a la Fiscalía de Sevilla todos los papeles y denunciar a Francisco Martín González, quien fuera teniente de alcalde en etapa socialista y al que se le atribuye la autoría de dichos documentos.

Tras analizar en un plazo de quince días la ingente cantidad de papeles aportados por Moreno, el 2 de noviembre la Fiscalía formalizó la denuncia contra Martín González por presuntos delitos electoral y malversación de fondos públicos . Y dio traslado de la misma al Decanato de los juzgados para su reparto. La misma ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor.

El titular de este órgano judicial recibió todas las actuaciones en virtud de la denuncia interpuesta por los populares y confirmada por el Ministerio Público por sendos delitos.

Estudiada dichas actuaciones, el juez ha dictado un auto, con fecha de 15 de enero y al que ha tenido acceso ABC, en el que expone que los hechos denunciados presentan «características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal ».

Sin embargo, al no estar aún determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, el magistrado considera «procedente instruir diligencias previas» y practicar las esenciales encaminadas a determinar hechos y posibles implicados.

Por ello, incoa diligencias previas y da traslado de este paso a la Fiscalía . La primera actuación que ha fijado el juez es requerir a la denunciante de los hechos, María Eugenio Moreno, para que en un plazo de diez días aporte a dicho Juzgado «de forma ordenada y numerada toda la documentación» descubierta en el Ayuntamiento relativa a la supuesta compra de votos por parte de los socialistas.

Ahora comienza la labor judicial para esclarecer la finalidad de estos papeles y quién o quiénes son los responsables de ejecutar dichos planes. El delito electoral denunciado es el recogido en el artículo 146.1 de la Ley de Régimen Electoral, que se castiga con penas que van desde los seis meses a tres años de prisió n .

Moreno, tras la sesión de investidura del 15 de junio de 2019 y tras ganar las elecciones, se encontró en las dependencias municipales que los anteriores regidores habían intentado destruir un gran numero de documento s que contenían supuestas pruebas de la compra de votos.

Entre las pruebas de esa supuesta compra de votos está la trituradora que Moreno descubrió en un rincón del despacho y que ya estaba inservible de tanto usarla o documentos que probarían ese supuesto delito. En el despacho perteneciente al exteniente de alcalde se encontraron una serie de cajas con documentos , algunos transcritos de puño y letra del propio Martín González.

Según la denuncia del PP, los socialistas, con la destrucción de los papeles, pretendían ocultar «las maniobras» del anterior equipo de gobierno municipal y el PSOE «para incidir en los electores y vecinos del pueblo , mediante el ofrecimiento de dádivas y recompensas mediante la contratación pública de vecinos o familiares, para la obtención de votos en las diferentes elecciones».

«Apoyar con contratos en donde nos puedan apoyar», consta en uno de los escritos de Martín González aportados a la causa. También existe un manuscrito del denominado «Plan 1.000», y otro en el que hay una lista de las calles con las viviendas contabilizando los votos que se podían obtener en esas mismas y anotando los trabajos llevados a cabo por todos éstos.