El PSOE se alió con trabajadores de Correos para falsificar los votos de Albaida

Según ha podido conocer ABC, siete miembros de la agrupación local de Izquierda Unida en Albaida -partido que denunció los hechos- mantuvieron meses después de los comicios de 2019 una reunión con dos responsables de Correos -no los trabajadores investigados- para aclarar lo sucedido tras las sospechas de manipulación de los sufragios. Los dos jefes de esta sociedad les respondieron que, si eran capaces de demostrar que había un solo voto fraudulento, la empresa se personaría en la causa. Así lo señala a ABC el coordinador de Izquierda Unida en Albaida, Clemente Franco, quien afirma que, cinco años después, aún no se ha personado.

Es por ello por lo que la acusación que ejerce IU ha solicitado a la juez que llame a declarar como testigos a uno de los representantes legales de Correos porque hasta ahora sólo se ha escuchado a la responsable de la oficina de Albaida. Ésta afirmó ante la instructora del caso no saber nada de las presuntas irregularidades.

Según los hechos denunciados por IU, C. R. M., trabajadora de Correos y exconcejal del PSOE de Albaida fue la encargada de recepcionar las solicitudes de voto por correo y los sufragios que otro de los denunciados, también empleado de la empresa -cuyas iniciales son A. G. D.- tomaba en el Ayuntamiento y llevaba a la oficina.

Este último, que era el repartidor de la oficina postal, evitaba que los solicitantes del voto por correo tuvieran que realizar dicho trámite, tal y como expone la denuncia de la acusación a la que ha tenido acceso este periódico.

Cabe recordar que la Ley de Régimen Electoral (Loreg) recoge un apartado específico para la labor de los trabajadores de la empresa pública Correos, que tienen que verificar que la firma de la persona que ha solicitado el voto por correo y lo ha entregado es la misma que viene estampada en el Documento Nacional de Identidad. Esto supone que los dos trabajadores que presuntamente se aliaron con los socialistas para falsificar los votos podrían haber incurrido en varios delitos, no sólo por no cotejar la citada rúbrica de los votantes sino, incluso, por haber rellenado la papeleta a nombre de algunos vecinos y depositarla en la oficina saltándose todos los mecanismos de control recogidos en la Loreg. La acusación señala que hay decenas de votos con una 'x' junto a la firma. De otro lado, por ejemplo, un matrimonio de Albaida que declaró ante el juez reconoció que no ejerció su derecho al voto en las municipales de 2019 y que, sin embargo, sus sufragios aparecieron en las urnas.

Como ya avanzó ayer ABC, el actual alcalde, José Antonio Gelo -con quien se intentó poner en contacto ayer este periódico y no quiso hacer declaraciones-, y su antecesora en el cargo, la también socialista Soledad Cabezón, están siendo investigados por el citado juzgado de Sanlúcar la Mayor por hechos que, según la denuncia de IU, podrían ser constitutivos de delitos electoral, suplantación de personalidad, falsedad documental, prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios, abusos en el ejercicio de su función u organización o grupo criminal.

La Guardia Civil, de hecho, expone que de las 115 personas contratadas en 2019 por el Ayuntamiento de Albaida, 20 de ellas votaron por correo y estaban censadas en el mismo domicilio. Es decir, eran familias enteras.