La baja por enfermedad de la jueza obliga a aplazar hasta 2026 el juicio contra los exalcaldes de Huévar

Ambos exalcaldes han asistido a la citación, si bien la sesión ha sido suspendida al no poder acudir a la misma la magistrada del tribunal Pilar Llorente, quien de otro lado y en paralelo es la ponente en el tribunal «ampliado» de cinco magistrados conformado por esta misma sección de la Audiencia de Sevilla, para las nuevas sentencias requeridas por el Tribunal Constitucional (TC) con relación al «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las ayudas arbitrarias a empresas.

Tras la suspensión del juicio, ha sido acordado fijar los días 6, 7 y 8 de 2026 como nueva fecha para la vista, dada la «abultada agenda» que maneja la Sección Primera de la Audiencia, situación a consecuencia de la culta no resultaba posible otra fecha más «cercana en el tiempo», según el tribunal.

La actual alcaldesa, María Eugenia Moreno (PP), que acudía a la cita como testigo, ha señalado a la salida de la Audiencia Provincial de Sevilla que «ya es hora de que se pase página de una época negra y que sea la Justicia la que evalúe lo que se ha hecho mal y lo que no. Seguiré trabajando con mi equipo para seguir transformando Huévar y tapar de una vez por toda esta época negra».

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía expone que los dos acusados, desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, «durante los años 2014 a 2019, procedieron a la contratar a diversos vecinos de dicha localidad de forma absolutamente irregular«.

En ese sentido, el Ministerio Público detalla toda una serie de contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento con relación a siete vecinos concretos, exponiendo por ejemplo que en el primer caso, una mujer fue contratada como auxiliar de guardería «por orden en algunos de dichos contratos por el acusado Rafael Moreno y en otros por la acusada Aurea Moreno Borrego, sin que se siguiera el proceso selectivo establecido al efecto para cubrir dicho puesto de trabajo».

En todos los casos, según la Fiscalía, «no se llegó a tramitar expediente alguno, incumpliendo los principios de concurrencia, igualdad, merito y capacidad, no existiendo una bolsa de empleo municipal, no se hicieron una valoración de méritos de candidatos, no se realizó publicidad de las ofertas de empleo y ni siquiera se incoaron expedientes«.

La Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación, reclamando para cada uno de estos exalcaldes de Huévar del Aljarafe 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Sobre ambos exalcaldes, recordémoslo, pesa además la causa judicial derivada de la denuncia promovida por el PP, que gobierna actualmente la localidad, por un presunto delito electoral al ofrecer supuestamente contrataciones municipales de 2009 o 2015 a cambio del voto en los comicios municipales y presunto delito de malversación continuada, por un mitin celebrado en 2002 por el PSOE y costeado con dinero público.