El fraude de Huévar del Aljarafe se repite a menos de veinte kilómetros de distancia

En Huévar del Aljarafe las urnas no sólo dejó la sorpresa del cambio en la Alcaldía. El PSOE perdió y la popular María Eugenia Moreno tomó posesión del cargo el 15 de junio de ese año. En el despacho del teniente de alcalde encontró con una caja de documentos, salvados por la rotura de la trituradora. De dichos papeles «se infieren indicios de haber realizado maniobras para la captación de votos a través del ofrecimiento a los electores de contratos de trabajos en los servicios públicos de limpieza y mantenimiento, principalmente, asistencia social u otros».

Así rezaba la denuncia de la Fiscalía que presentó en los juzgados de Sanlúcar la Mayor, en la que se añadía un documento «manuscrito» que parecía ser un borrador sobre los temas a tratar en reunión donde se puede leer: «Apoyar con contratos (media jornada) a chavales que nos puedan apoyar». Bajo el título 'Plan 1.000', «se mencionan determinadas calles y viviendas con sus respectivos moradores, con mención en algunos casos de los trabajos realizados para el Ayuntamiento, y se contabilizan los votos probables en cada casas». Así saltaba el caso de los 'papeles de Huévar', destapado por este periódico en octubre de 2019, en el que se exponía el método del PSOE local para ganar elecciones.

El Ministerio Público concluía que los papeles «parece derivarse que la petición de apoyo al partido que en ese momento lideraba el Ayuntamiento (PSOE) venía vinculada al hecho de haber obtenido el votante un puesto de trabajo en los servicios municipales».

Los hechos denunciados, que finalmente el instructor y las acusaciones circunscriben a un posible delito de prevaricación administrativa relativo a la contratación irregular de una veintena de vecinos entre 2014 y 2019, serán juzgado en 2026 en la Audiencia de Sevilla. Y en el banquillo se sentarán los dos exalcaldes socialistas de este municipio aljarafeño.

Las acusaciones exponen los contratos firmados por ambos exregidores en favor de 21 vecinos para trabajar como auxiliar del servicio de dependencia, de guardería o peón de albañilería. Según Clemente Franco, coordinador de IU en Albaida, el caso de Huévar es una «minucia» al lado del asunto de su pueblo.