Comienza en septiembre la rehabilitación de 304 pisos de la «esquina del gato» de San Juan

La alcaldesa de la localidad, la popular María Luisa Moya, ha destacado así en declaraciones a este periódico el hito implícito en el comienzo de las obras de esta actuación, acometidas por la Confederación de Cooperativas de Viviendas (Concovi ) como agente rehabilitador acreditado por la Junta de Andalucía y con las intercomunidades de propietarios de las viviendas como destinatarias de los fondos europeos.

Las obras contemplan una mejora de los aislamientos de las viviendas con la intención de aumentar su eficiencia energética; nuevos sistemas de aislamiento térmico, el saneamiento y el aislamiento de las cubiertas, la sustitución de ventanas y balconeras, la renovación tanto de la instalación eléctrica como la de saneamiento de las zonas comunes o la sustitución de cubiertas de fibrocemento; en 304 de las 528 viviendas que componen esta barriada de San Juan de Aznalfarache, que figura en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e lnclusión Social (Eracis) como zona necesitada de transformación social, a cuenta de su situación a lo largo de las décadas.

Porque como indica expresamente la memoria técnica de este proyecto, esta barriada entró «en un proceso de deterioro físico y social» allá en los años 80 del pasado siglo por «las problemáticas sociales propias de este tipo de barriadas con características de exclusión»; extremo agravado desde la gran crisis económica internacional de 2008, con un «retroceso en sus condiciones de convivencia y habitabilidad por el traspaso irregular de viviendas, los desahucios y las ocupaciones ilegales»; hasta caer en una «espiral de exclusión y falta de regularización en cuanto a la tenencia de muchas de las viviendas». El paro en la zona rondaría el 43 por ciento, además.

«Otro factor propio de esta situación es el de los enganches ilegales al suministro eléctrico», indica además la memoria técnica, recordando que las instalaciones eléctricas de estos bloques tienen más de 60 años de antigüedad; toda vez que Endesa calcula un 50 por ciento de fraude en la contratación en esta zona y del 85 por ciento en el consumo, señalando cómo las plantaciones de marihuana en el interior de viviendas motivan los frecuentes fallos en el abastecimiento energético, extremo a su vez objeto de repetidas quejas vecinales, en demanda de mayor inversión.

Precisamente por eso, la alcaldesa de San Juan ha destacado la importancia de esta actuación que comenzará en septiembre, incluyendo la instalación de generación eléctrica mediante paneles fotovoltaicos o de bombas de calor en las viviendas y la renovación de la instalación eléctrica.

Al respecto, la regidora ha asegurado que el Ayuntamiento ha «rescatado» este proyecto que se remonta al anterior mandato municipal, tras el aviso de la Junta de Andalucía de la posibilidad de perder la financiación europea con la que cuenta la obra. Así, ha defendido las reuniones y gestiones de su equipo de gobierno para impulsar la constitución de las intercomunidades de propietarios, conformadas por personas físicas y bancos propietarios de muchas de los pisos, como destinatarias de las ayudas para la rehabilitación de los mismos.

Remontándose el proyecto inicial al anterior mandato municipal, con el PSOE al frente del Ayuntamiento, la alcaldesa ha defendido además un «ahorro» de costes para las arcas públicas, al sustituir la oficina inicialmente prevista por parte del Ayuntamiento en torno a esta iniciativa por un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, para que sus profesionales se encarguen de las necesarias labores de asesoramiento.

Ello, según ha enfatizado, supone reducir de 400.000 a 15.000 euros el coste de esta vertiente de la actuación, la del asesoramiento técnico. «Hemos mirado por los intereses del pueblo», asegura, razonando la sustitución de la citada oficina municipal por el asesoramiento del Colegio de Administradores de Fincas. En ese sentido, mientras los socialistas acusan al actual Gobierno local de abandonar a la población de esta zona, el mismo señala que por errores de gestión del anterior Ejecutivo local el Ayuntamiento asume un coste de 1,7 millones de euros en este proyecto, que podría haberse ahorrado.

La alcaldesa también ha reflexionado que la solución a los fallos de electricidad en la zona pasa por que quienes acometen enganches ilegales a la red tengan un gesto de «buena voluntad» y accedan a regularizar su suministro, explicando que el Ayuntamiento está gestionando un «listado» de personas en dicha situación que estén dispuestas a ello, porque hay medidas como el bono social de Endesa con descuentos en la factura por casos de vulnerabilidad social.

Y es que según avisa, ella misma ha pedido a Endesa que interrumpa la electricidad en los domicilios con acometidas ilegales a la red y altos consumos derivados de plantaciones de marihuana, demandando igualmente a la Subdelegación del Gobierno que «proporcione los medios necesarios» para estas medidas, con los correspondientes dispositivos de la Policía Nacional, que cuenta con una comisaría en la localidad.

«No voy a defender a quienes están en una situación irregular», ha manifestado, avisando eso sí de que en el marco de las dificultades que afronta esta barriada, ella misma está siendo objeto de «continuas amenazas» y ante su propia vivienda particular ha encontrado una pancarta con mensajes en ese sentido e incluso muebles apilados; lo que refleja la necesidad de frenar la crispación suscitada.