El presunto asesino de su mujer en Alcalá será juzgado a partir del 17 de abril

La Fiscalía de área de Dos Hermanas solicita para M.C.M. 23 años de cárcel y doce de prohibición de aproximarse a sus hijas por un delito de asesinato y otro de malos tratos habituales, en ambos casos con la agravante de parentesco. Además, el Ministerio Público pide que el acusado indemnice con 150.000 euros a sus dos hijas y con 120.000 euros a los padres de la víctima, María del Águila.

La pareja llevaba casada 27 años y tuvo dos hijas. Durante el matrimonio, el investigado «sometía a su esposa a continuas vejaciones , con conductas agresivas e impositivas, con insultos frecuentes, volcando sus frustraciones sobre su mujer y sus hijas», señala el escrito del fiscal.

El 17 de marzo de 2008, la Policía tuvo que acudir al domicilio familiar porque el acusado había agredido a su esposa « cogiéndola por los pelos », agravándose esta situación como consecuencia de las enfermedades que sufría el acusado, quien «culpabilizaba» a su esposa de su situación.

En esta « dinámica de malos tratos y situación de asimetría», la Fiscalía dice que el 3 de junio de 2015, y estando ambos en el domicilio familiar, el procesado, «como último acto de la situación de violencia, atacó a su esposa» de forma «sorpresiva y con la intención de causarle la muerte».

Así, le agredió primero con un arma blanca con una hoja monocortante y borde liso, produciéndole tres heridas inciso punzantes, tras lo que a continuación le golpeó en la cabeza con la tapa de la cisterna del inodoro del cuarto de baño, donde en ese momento se encontraba la víctima. María del Águila murió por traumatismo craneoencefálic o.

El 3 de junio de 2015, y a petición de la Fiscalía, el juez de Primera Instancia e Instrucción 3 de Alcalá de Guadaíra ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado, que tenía entonces 52 años.

Según el TSJA, María del Águila denunció en 2008 a su esposo por una agresión «que podía haber sido considerada un delito de lesiones »; si bien, «tras acogerse a su derecho a no declarar, retiró la denuncia» y las actuaciones fueron archivadas «al no disponer el juez de declaraciones, pruebas o indicios para investigar si había habido o no un hecho delictivo» por parte de este hombre.

Tras ingresar en prisión, el acusado fue sometido a un examen médico durante el que manifestó su «deseo de morirse », por lo que Instituciones Penitenciarias le aplicó el habitual Protocolo de Prevención de Suicidios (PPS), que contempla que el detenido esté acompañado constantemente por un preso de confianza.