Gutiérrez Limones «responsable directo» de las irregularidades de ACM, según la Guardia Civil

El informe eleva la responsabilidad del caso más allá de los gestores de la empresa pública, y la extiende a los órganos de administración y gobierno de la empresa pública y aún más al Gobierno local de Alcalá con el alcalde a su cabeza.

La Guardia Civil encuentra varios elementos que hicieron posibles las presuntas prácticas irregulares investigadas y que están vinculados con decisiones u omisiones del gobierno local. En primer lugar la ampliación del objeto social de ACM realizada en 2003 por la Junta General de la empresa pública, bajo la presidencia de Gutiérrez Limones . Si hasta entonces los puntos del objeto social hacían referencia a acciones vinculadas con la comunicación a partir de ahí se introducen dos nuevos apartados, uno de los cuales es «cuantas actividades o servicios coadyuven a la mejora de la imagen, promoción y desarrollo de la localidad de Alcalá de Guadaíra y que les sean encomendados por el Excmo. Ayuntamiento”. Se trata de un objeto social «ambiguo e indeterminado». Una ambigüedad que según la Guardia Civil debió dar lugar a la Nulidad de la ampliación de los estatutos, pero que dio carta libre para actuar a ACM en diversos frentes.

El relato policial narra como además se le dio amplia capacidad de maniobra al gerente , José Luis Díaz, realizando los presidentes del consejo de administración, concejales del Gobierno municipal, «una clara dejadez de funciones».

Para completar el diseño que daba prácticamente total libertad a ACM y sus responsables a la hora de actuar, se hizo imposible en la práctica la realización de la inspección de la contabilidad de la empresa por parte  del Interventor municipal . Es el propio Interventor quien reconoce ante la Guardia Civil que no se inspeccionaba la contabilidad de las Sociedades Mercantiles Dependientes como es el caso de ACM, ni se realizaba el control financiero de la misma. Para ello eran necesarios dos requisitos. El primero que el Pleno municipal hubiera concretado  una norma para llevarla a cabo, según establece  la Instrucción de Contabilidad de las Administraciones Locales. El segundo eran los medios humanos para hacerlo.

El Interventor intentó solucionar esta situación en reiteradas ocasiones y lo puso en conocimiento el Ayuntamiento mediante seis escritos, el primero de ellos al llegar al cargo en 2007. El Interventor reiteró en sus siguientes escritos la necesidad de medios humanos para realizar su labor de control, pero a ninguno de ellos contestó el Ayuntamiento de forma que según consta en el informe policial «nunca se llevó a cabo el control financiero de ACM (ni de ninguna otra empresa pública en el municipio)».

Para la Guardia Civil, si el Gobierno local hubiera facilitado los medios reclamados por la Intervención «nunca se hubiera llegado a la situación en la que se gestionó y desembocó ACM». Para los investigadores policiales la responsabilidad de esa falta de control es claramente del Gobierno local con el alcalde al frente, ya que conocían la situación y no pusieron los medios para que la Intervención realizara su labor.

Por ello consideran que todos los concejales que conocieron los informes de intervención además del alcalde «habían incurrido en un delito de Malversación de Caudales Públicos por, cuando menos omisión». En esa lista de concejales informados figuran Miriam Burgos, Gloria Marín y Salvador Escudero. Pero además la Guardia Civil entiende que son corresponsables de los presuntos hechos delictivos los ediles que aprobaron en Junta de Gobierno local de 3 de mayo de 2013 una transferencia de 444.767 euros a ACM para proceder a su liquidación, no por aprobar dicho pago, sino por no haber atendido el informe de intervención previo a esa Junta Local «a pesar de la gravedad de lo reflejado por el señor Interventor» y no haber exigido responsabilidad a las personas responsables de la situación de ACM, «sin cumplir con las más mínimas normas de control contable y financiero». En esa Junta de Gobierno figuraban además de los ediles antes citados, Rafael Chacón, María José Borge y María Dolores Gutiérrez Peral.

A la luz de todo ello la Guardia Civil considera que lo ocurrido en ACM no son actuaciones puntuales de alguna persona con poder de decisión en la empresa sino que se trata de «un comportamiento claramente definido y establecido, en el cual cada estamento tenía claro que papel tenía que jugar para conseguir los objetivos marcados, protegiéndose mutuamente y creando una estructura cerrada y opaca». Y añaden que todo ello fue posible gracias a «las mayorías políticas que les daba a los administradores de ACM el pode de decisión, estuviera o no ajustado a derecho».