Gutiérrez Limones declara en el Tribunal Supremo que su gestión en ACM fue «conforme a ley»

Según él mismo ha declarado tras su comparecencia, le ha dicho al juez que su actuación en empresa fue «conforme a ley» .

Tras salir de la comparecencia, que ha durado menos de una hora, ha negado los cargos que se le imputan y ha mostrado su confianza en que con su declaración «se cierre el procedimiento y se recupere lo que yo creo que es la justicia».

Limones ha declarado durante una hora y ha respondido a las preguntas del juez y el fiscal y se ha mostrado satisfecho por poder «después de tres años» acudir a «dar las explicaciones y aclaraciones oportunas ».

Limones ha dicho que estos años ha sido «muy austero y muy respetuoso con los tiempos judiciales » que «muchas veces no son acompañados por los tiempos políticos».

Según indica, ahora y tras presentar «toda la documentación posible» para demostrar que la gestión fue legal , sólo queda esperar la declaración del tribunal «a la mayor brevedad posible».

La causa de la empresa pública ACM llega al Supremo remitida por el juzgado número 2 de Alcalá por la condición de aforado de Gutiérrez Limones.

El magistrado de Alcalá envió un auto el pasado mes de noviembre en el que encontraba «indicios de criminalidad» en la gestión del ex alcalde al frente de la empresa pública.

Se refiere con ellos a lo apuntado por el informe de la Guardia Civil que pone de manifiesto la existencia de gastos de 976 euros facturados a ACM por un viaje a Madrid y visitas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia, supuestamente disfrutados por «Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos».

Pero también, siguiendo a la investigación, a la actuación de Limones como c onocedor de una larga lista de irregularidades en la empresa, relatadas en una grabación por el contable de la misma y luego investigadas por la Guardia Civil.

Y más allá, el juez instructor encuentra una «intención originaria de instrumentalizar la entidad para la realización de las actuaciones investigadas», mediante la ampliación de forma «totalmente injustificada, arbitraria e indeterminada del objeto social» de ACM.

Todo ello junto a la inacción para dotar de los medios que la Intervención municipal le pidió para poder realizar un control efectivo de la actividad económica de la empresa municipal.