La fundación municipal Alcalá Innova entra en concurso de acreedores

La liquidación de la entidad fue aprobada por el patronato de la entidad el pasado 5 de octubre, en medio de una situación económica muy complicada . Desde entonces han despedido a cinco trabajadores a los que les adeudan varias nóminas y que aún no han conseguido cobrar. Pero además las deudas con los trabajadores la entidad acumula deudas de alrededor de dos millones de euros con proveedores, según la estimación que realiza el PP de Alcalá

Se trata de una estimación porque una de las principales denuncias que formula la oposición sobre esta entidad es la opacidad de su gestión. De hecho, en numerosas ocasiones han requerido a los responsables municipales para que aporten la contabilidad de la entidad y las facturas de sus gastos. Ante la imposibilidad de acceder a ellas el último Pleno municipal aprobó a propuesta del PP crear una comisión de investigación que arroje luz a las cuentas de la institución . Unas cuentas que según los populares, el gobierno local «ha estado ocultando durante años al resto de grupos políticos y a la propia administración pública municipal». Precisamente este jueves vence el plazo aprobado para la creación de dicha comisión. No es la primera vez que la oposición intenta conocer las deudas y a qué se dedica la Fundación. En 2014 se creó una comisión de investigación que concluyó sin resultado, ya que el gobierno municipal no facilitó la documentación requerida por la oposición. Tampoco compareció ante la comisión el alcalde, Gutiérrez Limones, que preside la entidad desde su creación hace 14 años. El PA estima que en este tiempo Alcalá Innova ha gestionado más de siete millones de euros de dinero público .

Las polémicas rodean a la fundación. En 2015 intentó encargar y pagar con dinero público una encuesta con claro contenido político en la que se preguntaba por la valoración del alcalde y de sus concejales. Y en 2005 realizó una encuesta con contenidos similares.

Pero demás la entidad aparece vinculada a la empresa municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM) en un informe de la Guardia Civil relacionado con la investigación que está en curso sobre esta última. Según los investigadores la Fundación realizó pagos a ACM en una operación que pudo ser «una forma encubierta de traspasar dinero de una empresa pública a otra», afirma la Guardia Civil. E incluso citan la realización por parte de ACM de trabajos para la Fundación sin que se especifique en la facturación de qué actividades se trataban. Unos trabajos que además y según los investigadores podía haber realizado la Fundación que entonces tenía 17 trabajadores en nómina.

La entrada en concurso de acreedores pone en una situación complicada para cobrar tanto a trabajadores como a proveedores y además podría derivar en la existencia de responsabilidad patrimonial por parte de los patronos de la entidad . Se trata del propio alcalde, y ahora diputado Gutiérrez Limones, de su número dos Miriam Burgos, de la antigua concejal María José Borge y de Joseba Barroeta.

El gobierno local afirma que continuará con el proceso de liquidación de la entidad y que buscará que se produzca «con la máxima garantía de seguridad para los intereses de trabajadores y proveedores», al tiempo que muestran su disponibilidad a colaborar «al máximo» con el administrador concursal designado por el juzgado de lo mercantil.